Por: Ramiro Guerra.
Como se suele decir, «a esta altura del baile» sigo sin entender, más preciso como pudo el estado panameño, renunciar a su jurisdicción cuando se trata de afectaciones (lesión, daños) causados por los big farmac, cuando el producto que producen, «vacuna» los ocasiona. A mi entender esos contratos con la Pfizer y otros, son violatorios de nuestra constitución.
Voy más lejos, los que firmaron esos contratos, podrían ser objeto de demandas y acciones, en varios ámbitos de nuestro orden jurídico. A pesar de lo anterior, si bien el estado releva de responsabilidad a estas empresas, por las afectaciones a la salud, derivada del producto mencionado, sostenemos que, ante el evento concreto del riesgo o riesgos señalados, nada impide que vía proceso, el estado panameño se vea compelido a indemnizar por daños causados por el producto comprado. No conozco antecedente de una renuncia a ejercer la jurisdicción por parte del estado.
Salvo, en los tiempos del enclave, donde los Estados Unidos, interpretaron a su conveniencia, la frase, «que actuaban en territorio nacional como si fueran soberanos» Su jurisdicción se entendió a el enclave. Toda una estructura judicial indigna e inmerecida, avergüenza y le hace daño a los panameños.
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