El diálogo y la verdad

Juan Jované

 

En la lucha social la verdad sobre la cual se desarrolla es fundamental. Evitarla crea la ilusión de un falso triunfo, que en realidad termina desmovilizando, al negar los objetivos por los cuales se han luchado. Es por eso que Gandhi señaló que “una sola gota del veneno de la mentira envenena todo el océano de la verdad”.

En el caso del actual diálogo algunos de los sectores participantes han intentado señalar que se habría dado varios importantes triunfos, lo que efectivamente no se compagina con la verdad. Al momento de escribir este artículo eso queda claro en dos aspectos.

En primer lugar, una buena parte de la supuesta rebaja será financiada con subsidios, tal como quedó claro en el acuerdo firmado, así como en el Decreto Ejecutivo 17 de 26 de julio 2022. Panamá, como es conocido, es un país en que los que tienen más altos ingresos tienen bajas tasas impositivas, los que, además, se dan el lujo de evadir el fisco por un monto anual de un poco más de B/, 6,000.0 millones. En esta circunstancia es evidente que ese subsidio se financiará con mayor endeudamiento y recortes de gastos esenciales en otros rubros.

A esto se debe agregar que el mecanismo se presta a que el gobierno contando con una gran discrecionalidad dirija las compras gubernamentales para beneficiar a algunos agentes económicos adeptos al régimen. Además, de acuerdo al decreto citado los productos subsidiados en casi toda la República solo se venderán al precio subsidiado en las tiendas y agroferias del IMA.  La lejanía de las primeras y la intermitencia de las segundas, significa que las personas de bajos recursos que compran pequeñas cantidades día a día tendrán que seguir comprando por los canales tradicionales con altos márgenes de comercialización. Se desamparó a los más vulnerables.

Otro grupo de productos de primera necesidad, tal como se acordó en la mesa única del diálogo y en el Decreto Ejecutivo 16 de 26 de julio de 2022, se basan en una reducción de aranceles. Esta medida no solo es coincidente con la política neoliberal recogida en el llamado Consenso de Washington, sino que, además, significa una pérdida de recursos tributarios para el Estado, lo que lleva a mayor endeudamiento. Los oligopolios de la importación y la comercialización lograrán un margen de comercialización del 20.0%.

En el caso de los acuerdos sobre la educación también se detectan anomalías. Para comenzar se aceptó, pese a que la Ley impone un presupuesto equivalente al 6.0% del PIB del año anterior, que este porcentaje fuera de 5.5%. Más aún, acordar con el actual gobierno que sea de 6.0% en el presupuesto de 2024, no parece un hecho vinculante en términos de su desembolso efectivo, ya que el actual gobierno debe retirarse a mediados de ese año.

Fue un error firmar un acuerdo en el que se considera solo el 5.5% del PIB a precios contantes, eliminando el impacto inflacionario. Si el PIB del 2022 creciera como se acordó al 5.0% en términos reales, la inflación conjunta de los precios según el FMI será de 3.1% (cifra muy conservadora) en ese mismo año. La tasa de crecimiento del PIB corriente que se debió utilizar no debería ser menor que el 8.1%. Es sobre esta base que se debería calcular el 5.5% para la educación en el 2023. El acuerdo erróneo significó que a la educación se le estarían restando cerca de 1,971.7 millones menos que una formulación correcta de acuerdo a la Ley para el  2023.

El único camino efectivo para avanzar es reconocer los errores y las insuficiencias. Como dijo Gandhi “quien sigue el camino de la verdad no tropieza”.

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