El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por Ramiro Guerra M.
Abogado y cientista político
Noviembre de 2022
En un escrito relacionado con el lesivo tratado Hay Buneau Varilla, señalé que dicho tratado selló la alianza oligarquía e imperialismo. Igual señalé que dio lugar al enclave colonial que se asentó en nuestro país, pero también que, nuestro recurso fundamental natural, la situación geográfica sobre el cual se construyó el canal, representó para el comercio de los Estados Unidos, ahorros por miles y miles de millones.Panamá nunca fue retribuida justamente. Ahora, el fenómeno cobra vigencia a propósito de la Minera Cobre Panamá. Han delimitado el territorio donde se encuentran el cobre, el oro y otros minerales como si fuera un territorio distinto.
No se nos ha olvidado que, durante la pandemia, impidieron a funcionarios su entrada para realizar inspecciones. Esa empresa, explota tales recursos como si fueran de su propiedad y encima de ello, le resbaló un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato ley que le amparaba. Es decir, han estado explotando, comercializando y usufructuando ilegalmente recursos naturales de la nación.
Frente a estos desmanes, el gobierno guarda silencio y evita hablar sobre el tema. Igual calla la oposición y los llamados independientes. La nación viene siendo objeto de un acto de filibusterismo por parte de esta empresa.
Aún más grave, el gobierno no aclara que detrás de esta empresa, hay estados de otros países que, son los reales dueños de Minera Cobre Panamá. Si fuera así, estaríamos ante una clara violación a la constitución nacional. Ningún estado extranjero puede tener inversiones sobre recursos naturales de la nación.
Como ocurrió con el ignominioso tratado Hay Buneau Varilla, esta empresa tiene miles y miles de millones de ganancia y el estado una ridícula suma, aun lo que el gobierno anunció como la gran negociación.
Los panameños tenemos todo el derecho a recelar la actuación del gobierno sobre estas negociaciones. Las informaciones que se dan, más que aclarar dejan brumas y cuestionamientos. Soy del criterio, que esa empresa por estar operando ilegalmente tiene que indemnizar por miles y miles de millones al estado panameño.
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