El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Semejante pronunciamiento se da en razón de, respaldar la negociación del Gobierno con la Minera First Quantum Minerals Ltd, cuya subsidiaria en Panamá, tuvo en Panamá una concesión minera a través de un contrato aprobado a través de la Ley 9 de 26 de febrero de 1997 publicada en la Gaceta Oficial del 28 del mismo mes de 1997 y que fue demandada por inconstitucional en 1998 y declarada inconstitucional en diciembre de 2017, diecinueve años después, y que se ejecutorió en el mes de diciembre de 2017, una vez fueron notificadas las partes en la forma que estable el Código Judicial, de modo que, desde ese preciso momento la empresa FQM, no teniendo fundamento de derecho alguno para continuar con la actividad extractiva y comercial de minerales pertenecientes al república de Panamá, debió proceder a cumplir en estricto derecho la sentencia de la máxima corporación de justicia pero, lo que hizo desde entonces, fue ignorar la decisión judicial y desafiar al Estado de Derecho del país en un desacato proverbial de más de cinco años, porque el pronunciamiento del empresariado panameño en el día de ayer, en un evento patrocinado por INDESA, no vienen, sino a amparar una conducta típica, antijurídica y culpable, lo cual hace a los empresarios, patrocinadores del delito y entran en una fase de rebeldía contra el Estado de Derecho.
Es comprensible que los empresarios puedan manifestar algún grado de solidaridad con la desafiante y delincuente empresa minera, pero llegar tan lejos como rebelarse contra la decisión judicial de nuestra máxima corporación de justicia, es ya inaudito y desproporcionado a todas luces.
El empresariado panameño también tiene conocimiento acerca de la composición accionaria de la Empresa Minera que, por estar constituida por mayoría de acciones de Estados extranjeros, la nuestra Constitución Política de manera categórica prohíbe poder tener derecho a gozar de alguna concesión en la república de Panamá conforme lo establece taxativamente el artículo 290 constitucional señala que: “Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga la Ley”. Y este es el caso que, por información de dominio público, esa empresa precisamente pertenece la mayoría de su capital accionario a un conjunto de Estados extranjeros, generando una violación flagrante de nuestra Constitución, lo cual el solo sentarse a escucharlos, configura claramente la confrontación a nuestro texto constitucional.
El pretexto que se esgrime para abandonar el Estado de Derecho es del tenor siguiente: El impacto económico de la actividad minera en la actualidad que en la vida real genera unos 3,500 empleos directos a panameños pero no se dice que los salarios a los panameños han revivido el Gold Rol y el Silver Rol que se vivió en la Antigua Zona del Canal en donde en el caso de la Mina todo el sector ejecutivo y administrativo extranjero, de canadienses, sudafricanos, alemanes y de otras nacionalidades tienen salarios estandarizados a nivel de Canadá y Europa y los panameños, especialmente la mano de obra no especializada, los salarios son muy inferiores para los mismos trabajos que los extranjeros.
Los empleos indirectos pueden llegar a unos doce mil en Panamá, pero surge la pregunta de que, si ese es el valor para suprimir el Estado de Derecho en el país, y si la actual circunstancia no merece ser cambiada por otra que recupere la legalidad en el país y un contrato que le reconozca al estado panameño y a los panameños en general, justicia y dignidad nacional.
Es triste encontrase con panameños que venden su primogenitura, así hemos visto a exmagistrados de la Corte, abogados de prominentes firmas, contratados y ahora a estos gremios empresariales, salir a meterle una puñalada trapera al país por las seductoras treinta monedas que, fundamentan la traición consabida a nuestra patria.
Hipotecar el destino del país en la vía del desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho por, la satisfacción de apetencias egoístas y mezquinas de gentes que prefirieron el sonido de sus cajas registradoras a la dignidad y seguridad nacional, es demasiado atentado para los que amamos la tierra que nos regaló Dios, con toda su riqueza del subsuelo, el ambiente y donde tuvimos el privilegio de nacer.
En solo la mina de Donoso, la cantidad de oro, cobre, molibdeno y otros minerales de alto valor comercial, representan en lo que se ha comercializado desde 2018 hasta esta fecha, una cifra que sobrepasa los 10 mil millones de dólares, que la empresa minera deberá regresarle a la república de Panamá, además de, una justa indemnización por los daños causados, en sus diferentes variantes, a los panameños, por el desafío del monumental desacato de la orden judicial suprema que estos antipatriotas se prestan para encubrir.
La inmensa riqueza de nuestro subsuelo, no puede terminar injustamente en manos de asaltadores y tracaleros, sino que, debe servir para sacar de la desigualdad y de la angustia que produce la pobreza y la carestía a casi la mitad de los panameños que hoy compartimos este hermoso suelo y una ganancia justa a la empresa que en un acto público, conforme establece la Ley, se haga acreedora de tal concesión que debe ser revestida a través de un contrato Ley que atienda el texto constitucional del artículo 259 constitucional establece que: “Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público”.
Definitivamente que, ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas?
¡Así de sencilla es la cosa!
6 Hay varios Likes:) Gracias...
