Editorial

La empresa minera FQM ha organizado y patrocinado una movilización de personas que, desde las montañas de Colón, las han traído a la ciudad capital en buses turísticos de lujo, para que pagados, convertirlos en una manifestación portátil que apoye el leonino contrato que le es beneficioso solo a la empresa Minera y no al país, y n siquiera a quienes han venido por razones de ganarse una buena suma prometida por estos días de “trabajo político” en este caso y permanecer en hoteles que contrató la empresa para que descansaran después de cada jornada y buenas viandas.

El que esa empresa se crea con el derecho de actuar como un partido político en el país, sin tener la capacidad jurídica para ello, y además abuse de la inocencia, desafíe a los panameños, tanto que, ella con su dinero que, le roba al país, organiza un frente insurreccional, cuasi paramilitar, para imponer su voluntad y que frente a tal vesania e intentos por envilecer a nuestra gente, a tal punto de creer que puede alegremente promover enfrentamientos entre los panameños hasta que, corra un río de sangre y que, el gobierno nacional, lejos de manifestarse frente a esta intolerable osadía y majestuoso irrespeto, guarde un silencio sepulcral que, termina en una vergonzosa cohonestación, de toda esta madeja, tejida por la desesperación, que la llevan a ofrecer en la oscuridad un precio millonario por cada voto favorable en el pleno de la Asamblea Nacional, que siendo testigo de la burla en el incumplimiento de la propias leyes que esta institución genera en virtud del deber constitucional, como es el caso del abierto incumplimiento de fallo de inconstitucionalidad del 21 de diciembre de 2017 y que se ejecutorió el 24 de diciembre de 2017, tres días después que las partes en el proceso fueron debidamente notificadas, y por más de 5 años y medio, siguen resistiendo su obligatorio cumplimiento y más aún, durante todo ese tiempo y sin derecho alguno que los ampare, se han llevado del país, 1,456,000 (un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil) toneladas de material refinado de oro, cobre y otros minerales de alto valor económico, lo que la Ley panameña establece como un atraco al patrimonio nacional que puede rondar los 71,175,000,000 (setenta y un mil, ciento setenta y cinco millones de balboas), de tal tamaño es el atraco al país, mientras que nuestros pensionados piden limosna y nuestra gente se muere porque no tiene medicamentos y las pensiones están en estado comatoso y el país se endeuda a niveles nunca antes visto hasta caer en un peligroso e inmanejable endeudamiento.

Esta empresa no puede seguir abusando, envileciendo, pisoteando al país y a la dignidad humana de los que menos tienen, solo para saciar su avaricia de haberse encontrado en Panamá la riqueza que nos dejó Dios para que ese sea la bendición de nuestra primogenitura y no la debemos cambiar por ningún plato de lentejas.

¡Así de sencilla es la cosa!

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