El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Ramiro Guerra
Abogado y cientista político.
El presidente, Laurentino Cortizo Cohen, cumplió. Judicializar, criminalizar la lucha del pueblo y sus dirigentes.
Un ministerio público y jueces indolentes, literalmente prestándose para esa canallada, de llevar a juicio a dirigentes populares.
Los lancheros de Colón- Donoso, su delito defender los intereses de la nación; son digno de admiración por parte de todos los panameños. Se jugaron sus vidas para evitar el robo de los recursos minerales de la nación. Igual los dirigentes populares en el oriente chiricano y de todo el territorio nacional, se entregaron con vida y corazón defender a la nación. Ninguno debería estar detenido, preso y esperando juicio.
Siempre he sostenido que los jueces, fiscales, deben de dejar actuar como policías; su oficio no es reprimir, sino la justicia. Esos enfoques normativos de un derecho puro, mecánico, se presta para absurdos y abusos. Siempre hemos sostenido que los jueces, al dirimir causa, lo hagan desde un enfoque trialista.
Un absurdo, soslayar un valor trascendental y preciado, como es la soberanía, la defensa de la patria. Patriotas son los que fueron aprehendidos y hoy viven el calvario de injustas detenciones y juicios.
Que contradicción, sin embargo, los delincuentes que se prestaron para avalar un contrato perverso a los intereses de la nación y permitieron que ilegalmente saquearan al país, esos andan libres. A pesar de que todos están querellados penalmente, hay un ministerio público, temeroso, de ordenar la comparecencia de estos forajidos de cuello blanco, para que rindan indagatoria por traición a la patria y complicidad primaria, en el robo de los cuales fue objeto la nación.
Pena les debería dar a jueces y fiscales, el prestarse para perseguir y juzgar a panameños, por defender la patria.
Vergüenza le debe dar al gobierno y en especial al presidente, de tener a patriotas y nacionalistas detenidos y enfrentando procesos penales. Que contradicción, mientras el pueblo y sus dirigentes defendían la patria, el gobierno ordenaba la judicialización de la lucha nacionalista, de sus organizaciones y dirigentes. El Procurador, por su parte, debe hacer uso atinado del principio de oportunidad y proceder a archivar todos esos procesos vergonzosos de persecución judicial a los patriotas.
Mientras tanto, no hay de otra, solamente la solidaridad con los patriotas perseguidos. El pueblo tiene que exigir la libertad inmediata de todos ellos y lejos de perseguirlos, deben ser propuestos para otorgarles en buena lid, los reconocimientos que la república debe otorgar a quienes defienden a la patria y que en muchos casos se le han otorgado a personas inmerecidas.
En hora buena y oportuna, el Frente Jurídico, de la alianza Pueblo Unidos, conformado por abogados patriotas, viene luchando por la libertad de todos los detenidos, enfrentando juicios injustos; mientras los delincuentes, autores del delito de traición a la patria, están libres.
Un solo grito en todo el territorio, «LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS PATRIOTAS”.
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