El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Los motivos del Conep
Es así que a nivel de los objetivos generales se plantean elementos que son atractivos, tales como la sostenibilidad del sistema de pensiones y la garantía del pago de las pensiones. Sin embargo, cuando se pasa a las supuestas soluciones se hace claro que se parte de un falso diagnóstico y de medidas diseñadas en favor de los intereses del capital financiero.
Para centrar conceptualmente esa afirmación, es importante destacar dos elementos que caracterizan el actual modelo de acumulación, tanto a nivel internacional como a nivel local.
En primer lugar, se encuentra el proceso de financiarización, el cual Magdoff y Foster definen en su libro The Great Financial Crisis como “el cambio de gravedad de la actividad económica de la producción (…) a las finanzas”. Es un proceso claro en nuestro país donde la oligarquía económica ha abandonado sistemáticamente la producción (sobre todo industrial) para pasarse a las finanzas. En segundo lugar, están los procesos que David Harvey ha calificado, en su obra A Brieff History of Neoliberalism, de acumulación por desposesión. Entre la forma que la misma toma es el traspaso de fondos que maneja el Estado al manejo privado.
Teniendo esto en cuenta se evidencia que lo que busca el Conep, como objetivo principal, es transferir al capital financiero local y extranjero, el manejo de los fondos de pensiones que hoy son responsabilidad de la CSS. Para esto necesitan generalizar un sistema de cuentas individuales manejado privadamente.
Un diagnóstico sesgado
Para crear una narrativa que promueva el objetivo básico del Conep, el documento bajo análisis presenta una diagnóstico sesgado e interesado.
En primer lugar, se plantea que el modelo solidario, es decir el subsistema exclusivo de beneficio definido (SEB) es insostenible, escondiendo que un elemento central en la explicación de los problemas del déficit en este subsistema proviene de los efectos de la Ley No. 51 de diciembre de 2005, ideada por miembros prominentes del Conep y promovida y aprobada por el gobierno de Martín Torrijos.
Esta Ley dividió en dos grupos a los asegurados. Uno de ellos se mantendría en el modelo solidario y otro pasaría a un sistema básicamente de cuentas individuales (subsistema mixto). El problema está en que dicha Ley determinó la plena separación de los fondos de los dos subsistemas, a la vez que establecía que a partir del 2008 todos los nuevos cotizantes deberían obligatoriamente inscribirse en el sistema de las cuentas individuales.
Los participantes del modelo solidario se convirtieron en un grupo cerrado, en el que desde el 2008 no entra un solo nuevo cotizante, mientras que la edad va avanzando, generando la situación de un decreciente número de cotizantes frente a un creciente número de pensionados. Esto llevó a que solo entre el 2007 y el 2019, el año previo a la pandemia, el número de cotizantes del modelo solidario disminuyó en 32.7%, mientras que el de los pensionados se elevó en 75.8%. Esto, obviamente es el origen del enorme déficit del SEB, ya que significa desembolsos crecientes frente a ingresos menguantes.
El Conep en su interés de eliminar todo viso de solidaridad intergeneracional del sistema de pensiones, pone como excusa los cambios demográficos, gente que vive más tiempo como pensionados. Esto lleva a la cúpula empresarial a promover cambios paramétricos como son el aumento de la edad de jubilación, el incremento de la densidad (número de años para pensionarse), elevación del monto de las cuotas y reducción de las pensiones a obtenerse.
En este caso, los intereses reales del Conep, ocultan dos elementos centrales. Es un hecho conocido que la esperanza de vida de las personas depende de manera importante de su estado socioeconómico. Esto significa que los asegurados mas vulnerables tendrán una menor expectativa de vida luego del momento de la pensión, por lo que serían especialmente afectados por el incremento de la edad de jubilación. Además, tienen trabajos más vulnerables al desempleo, por lo que se afectarán por el incremento del parámetro de la densidad. Tampoco debe olvidarse que el creciente avance del cambio climático tiende a generar problemas que llevan a una reducción de la esperanza de vida, de hecho, es un fenómeno que afecta especialmente a las personas de edad mayor. También es útil recordar que, incluso en los países más avanzados, la esperanza de vida ha sido afectada negativamente por la llamada muerte por desesperación, generada por la incertidumbre que producen las sociedades neoliberales.
También olvidan que ya en 1958 Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, había demostrado que la rentabilidad de un sistema de beneficio definido depende de dos factores, la tasa de crecimiento del empleo y la tasa de crecimiento de la productividad. Sobre el empleo es obvio que en Panamá todavía hay mucho camino por recorrer, siempre y cuando se tenga en cuenta que el modelo transitista promovido por la cúpula empresarial, ha provocado una situación en el país en la que el 53.5% de los trabajadores ocupados muestran alguna forma de precariedad. A esto se debe añadir la relativamente baja participación de las mujeres en la población económicamente activa, producto del actual estilo de desarrollo que muestra una elevada inequidad de género.
Por otra parte, el Conep, de manera conveniente, olvida que las cuotas se calculan sobre los salarios, de manera tal que si, por ejemplo, en un lapso de tiempo la tasa de crecimiento del empleo se reduce en 2.0 puntos porcentuales y los salarios crecen a una tasa superior de 3.0 puntos porcentuales, entonces las cuotas no se verán reducidas, por el contrario, se elevarán. Es la conocida idea el trabajo equivalente introducida por Robert Solow en su “A Contribution to the Theory of Economic Growth” (1956).
El problema en Panamá es que los sectores económicamente dominantes han sido capaces de generar una situación en la que los salarios reales se rezagan en relación a los incrementos de la productividad. Es así, por ejemplo, que mientras la remuneración por trabajador creció en términos monetarios en 6.0% entre el 2019 y el 2021, la productividad, medida en esos mismos términos, se elevó en 8.0%. De hecho, el acaparamiento por parte del capital de los frutos del crecimiento también significó que la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB se redujo de 37.8% en el 2001 a 26.6% en el 2019. Un podría percibir un cierto cinismo en el documento del Conep, cuando se afirma que uno de los cinco indicadores en Panamá en términos de competitividad es la “relación entre salarios y productividad”.
A los proverbiales olvidos del Conep se debe agregar la evasión de cuotas obrero patronales por parte de los empresarios (B/. 3,035.8 millones entre el 2007 y el 2019), los bajos rendimientos de los fondos invertidos de la CSS, la no inscripción por parte de la patronal de un número significativo de trabajadores y trabajadoras asalariadas de las empresas formales (114,770 personas según la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2023).
Es normal para un país con los niveles económicos que ha alcanzado Panamá que el Estado preste ayuda financiera a la previsión social. Esta posibilidad se ve bloqueada en Panamá por tres razones. La primer tiene que ver con el hecho de que en nuestro país el sistema tributario es regresivo, recargando el peso sobre los sectores medios y los trabajadores, beneficiando al sector corporativo. Esto lleva a que Panamá, según datos de la Cepal, sea el país con el coeficiente más bajo de tributación (apenas 12.7% del PIB frente a un promedio de 21.2% de América Latina y el Caribe). Por su parte, la evasión de impuestos de los empresarios (B/. 35,161.5 millones en el período 2017 – 2021), también bloquea el posible aporte del gobierno central a la seguridad social, tal como lo determina el principio de la subsidiaridad. El costo de la corrupción (que puede llegar hasta el 4.0% del PIB) es el tercer factor.
Sacrificar a la juventud para acumular
El conjunto del falso diagnóstico que contiene el proyecto privatizador de la Conep, ha venido siendo utilizado tanto por esos organismos, como por fuentes anónimas obviamente ligadas a los sectores económicamente dominantes, las que groseramente distorsionan la realidad, para intentar convencer a los jóvenes que acepten como la mejor opción las cuentas individuales, constituidas como obligatorias en el llamado segundo pilar de la propuesta de los sectores económicamente dominantes.
Lo que aquí se oculta, de manera poco escrupulosa a nuestro juicio, es que las cuentas individuales generan pensiones de miseria. A nivel internacional el caso emblemático es el caso de Chile, donde una persona que haya cotizado en 25 y 33 años se va a retirar con una tasa de remplazo sobre sus últimos salarios de 25.0% si es hombre y de 19.0% si es mujer. La situación de la tasa general de remplazo en México es de 26.0% y en República Dominicana de 27.0%.
En el caso de Panamá las proyecciones realizadas por el FMI en su estudio titulado Pension Reform to Improve Sustainability and Equity, llegó a la conclusión de que quienes se jubilen a partir del 2050 en el subsistema mixto, en que dominan las cuentas individuales, obtendrán una tasa de remplazo que apenas superaran el 20.0%. Esto significa pensiones de miseria para los jóvenes que son conminados por el Conep a defender las cuentas individuales. Los jóvenes son sacrificados para que el capital financiero se beneficie.
Esto último es claro ya que en la Visión País 2050, el Conep simplemente se quita la careta de cuando planteaba que no se buscaba privatizar el manejo de los fondos de la seguridad social. En dicho documento simplemente se habla de que los fondos serían manejados públicamente o privadamente a voluntad de los asegurados. Obviamente los sectores dominantes pondrán en marcha todo su aparato de propaganda sesgada para asegurarse el manejo de los fondos de pensiones.
Lo que el Conep entiende como primer pilar muestra claramente que la cúpula empresarial no está dispuesta a ayudar a financiar ningún nivel de solidaridad. Simplemente se trata de darle ese nombre al programa de B/. 120.0 a los 65 años, que deberá ser plenamente financiado por el gobierno. En un país en que los impuestos los pagan fundamentalmente los sectores medio y trabajadores, resulta obvio que el financiamiento del programa recaerá básicamente sobre los mismos, mientras que el capital financiero se queda con las ganancias que genera el nuevo modelo de pensiones que propone el Conep. De hecho, este organismo debe explicar como una familia que depende de un ingreso tan escaso puede llegar a lograr lo que el mismo entiende como un pilar para “prevenir la pobreza en la vejez de la población vulnerable”.
Llamar a toda esta idea “Pilar Solidario” solo puede ser calificado, a nuestro juicio, como una vergonzosa burla a la población y a la inteligencia. A la vez muestra lo falso que es el valor que el Conep propone cuando se compromete a promover “la convivencia, la tolerancia y el respeto a la dignidad humana… “
La solución está en la movilización
La solución entonces está en corregir el entuerto provocado por el gobierno de Martin Torrijos, todos los partidos que votaron a favor de la 51 y la cúpula empresarial que ideó y promovió dicha Ley. Esto significa volver al modelo solidario de pensiones y darle una base financiera sana, corrigiendo los abusos que se han hecho contra la CSS y desarrollando un nuevo estilo de desarrollo nacional, democrático, con justicia social y pleno respeto a la naturaleza.
La lucha por la vuelta a la solidaridad y contra los intentos de privatizar y generalizar las cuentas individuales, así como la que guarda relación con bloquear los intentos de los sectores dominantes es una tarea esencial de la población panameña. Hace falta una organización y movilización efectiva, en la forma que la llevaron a cabo nuestros jóvenes en octubre y noviembre, de manera decidida y pacífica.
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