Juan Jované
En sus declaraciones del jueves 5 de septiembre el señor Mulino arremetió contra los 20 diputados de la bancada de Vamos, calificándolos de “chiquillos” por haber tomado la justa decisión de votar en contra de la ratificación de Dino Mon como Director General de la CSS. Se trató no solo de un acto mal intencionado, indigno de quien ocupa la más alta magistratura del país. También se trató de una posición que mostró un alto nivel de intolerancia y autoritarismo que caracterizan las acciones políticas del señor Mulino.
Se trata de un hecho que representa una luz roja en el devenir de los asuntos públicos del país. En efecto, nos encontramos frente a un Ejecutivo con tendencias autoritarias, plenamente refractario con cualquier disenso, que no duda en romper el sano sistema de pesos y contrapesos entre poderes, realizando llamadas para solicitar que los diputados voten a favor de sus propuestas. Esto muestra, entonces, que el mismo está dispuesto a imponer en forma antidemocrática su posición, que el señor Mulino califica de pro empresa privada, en relación a las importantes decisiones que debe tomar el país.
Es así, por ejemplo, en el caso de la seguridad social se intenta vender como un diálogo, que debería caracterizarse por un intercambio de ideas presencial del conjunto de los actores involucrados, realizado en un lugar neutro con un facilitar neutro, por unas visitas de diversos sectores a la Presidencia, en que el señor Mulino prácticamente da órdenes y exige que todos muestren sus posiciones, absteniéndose de mostrar la que su equipo viene preparando, de manera prácticamente silenciosa, desde la época de la campaña política.
En este marco, en una actitud goebbeliana, se trató de hacer ver que el la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 era una especie de pecado de juventud del señor Mon. Se oculta el hecho que el ahora ratificado, gracias al accionar de la partidocracia, Director General de la CSS, señaló en la reciente entrevista que era promotor de las cuentas individuales, que pensaba que los cambios paramétricos eran inminentes y que posiblemente se deberían reducir las pensiones de las personas ya jubiladas.
Por otra parte, a nuestro juicio, el sr Mulino se apartó de la verdad cuando expresó que quienes se oponen a los cambios paramétricos carecen de propuestas financieras para resolver el problema del programa de invalidez vejez y muerte. Existen diversas propuestas que combinan la vuelta a la solidaridad con una serie de medidas para darle una base financiera sana a este modelo de pensiones. Entre estas se puede mencionar la contenida en el documento aprobado por el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá, el cual se publicó con el título de Seguridad Social y Sistema de Pensiones: Crisis y Alternativas Sociales (2021).
Nosotros que participamos en la comisión que generó este documento, hemos construido un modelo sencillo para calcular la viabilidad financiera del modelo solidario, sin tener que realizar ajustes paramétricos. De acuerdo al mismo, con solo reducir la evasión y elusión tributaria entre 1.5 y 2 puntos porcentuales (actualmente es de 10.2%), elevar la rentabilidad de los fondos de pensiones en 2.0 puntos porcentuales, eliminar la evasión de cuotas provocada por la presencia de los llamados informales de las empresas formales y avanzar levemente en la formalización de los informales cuenta propia, se lograría en 10 años una recaudación que no solo superaría las necesidad de los B/ 14,000.0 millones que señala la Junta de Técnica Actuarial. Además, permitiría una capitalización del sistema de un poco más de B/.8,000.0 millones.
En definitiva, la movilización ciudadana contra las medidas paramétricas, las cuentas individuales y las tendencias privatizadoras, resulta esencial no solo para lograr una solución equitativa y solidaria a los problemas del sistema solidario de pensiones. También es fundamental para la defensa de la democracia frente a las tendencias autoritarias que hoy anidan en el Ejecutivo.
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