El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Las recientes declaraciones y acciones de algunos de los funcionarios del actual gobierno, así como del señor Mulino, muestran con claridad la naturaleza del mismo, así como su intención de favorecer a la cúpula empresarial y las empresas multinacionales a costa de la población panameña.
Aun sin haber tomado posesión del cargo de Director General de la CSS, el señor Mon ha señalado que piensa entregar a una empresas extranjera la delicada función del servicio de control del inventario y servicio de custodia de los medicamentes. Se trata, sin duda alguna de un proceso privatizador.
El señor Mon, intentado encubrir la naturaleza de la acción, ha declarado que “no se trata de privatización”. Sin embargo, lo cierto es que si se trata de dicho fenómeno. El nuevo Director General de la CSS, quien se ha tratado de construir una imagen de una persona ducha en matemáticas, finanzas y economía, parece desconocer, o simplemente olvidar, como se entiende el concepto de privatización entre los economistas.
Es así, por ejemplo, que de acuerdo a la cuarta edición del Diccionario de Economía Moderna del MIT, editado por David W. Pearce, la privatización significa “la política de convertir en privada la propiedad pública de un activo o de permitir la realización de cierta actividad, previamente llevada a cabo por un departamento de una organización pública por parte de un negocio privado”. Por su parte Joseph Stigliz, quien fue galardonado en el 2001 con el Premio Nobel de Economía, sostiene que privatización es “el proceso por medio del cual funciones que previamente eran realizadas por el gobierno son delegadas en lugar de ello al sector privado”. Realmente la acción planeada por el señor Mon deja en claro que el compromiso altisonante del señor Mulino de no privatizar la CSS, no es más que una consigna vacía de todo contenido de realidad.
Más allá de lo anterior se debe señalar que el señor Mon, aun sin haber tomado posesión del cargo, estaría adelantado que piensa violar el Artículo 70 de la Ley Orgánica de la CSS, el que definitivamente prohíbe la externalización de los servicios de esta institución sobre una base permanente. Pero este no es el único Artículo que se pretende violar.
La negativa del actual gobierno de llevar a cabo una compra masiva de medicamentos, que los pacientes de enfermedades crónicas habían supervisado, ha llevado a la adquisición por parte del Ministerio de Salud de medicamentos para la CSS. Se trató de una compra, que se realizó, utilizando la misma excusa de urgencia del gobierno anterior, por medio de un acto oscuro, que se realizó fuera del escrutinio público. Es claro que el ministro de salud tiene la obligación de responder algunas preguntas: ¿que se compró y en que cantidades?; ¿a qué precios se compró?; ¿cuáles empresas fueron las beneficiadas por esta compra y cuánto fue el monto de dinero que las mismas recibieron en cada caso?; ¿cuáls es el período de entrega por parte de los proveedores de los medicamentos?
El señor Mon ha aceptado este proceso, afirmando que cuando tome posesión rembolsará al Ministerio de Salud los fondos que el mismo utilizó para adquirir medicamentes a nombre la CSS. Se trata de una situación en que se pretende pagar por un acto de compra que prácticamente viola todos los Artículos del Capítulo IV de la Ley Orgánica de la CSS, que se refiere a la contratación de obras, suministro de bienes y prestación de servicios. Es fundamental asegurar los medicamentos para los asegurados, pero no es correcto crear una urgencia ficticia evitando la compra masiva supervisada por los mismos, con el fin de darle paso a una adquisición poco transparente y fuera de la vista de la población.
A la falta de transparencia y de respetó por la Leyes de los funcionarios del gobierno del señor Mulino, se debe agregar la declaración del mismo en el sentido de que está dispuesto, si así lo estima conveniente, a declararse dictador. Esto apunta a un plan urdido desde hace tiempo para imponer las reformas pro empresa privada al sistema de pensiones. Es por esto, que a sabiendas que no es posible consensuar las propuestas del sector social con las de la cúpula empresarial, el señor Mulino ha declarado que el gobierno definirá las medidas a tomar frente a la CSS de no haber consenso. No es difícil saber en qué dirección decidirá el gobierno pro empresa privada. Solo la conciencia y la movilización de la ciudadanía podrá detener este nefasto plan.
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