El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Arturo Garrido Alexandrópulos
El Reportero del Agro – 6 de octubre de 2024
Lo Bueno: Compromiso con el Sector Agropecuario
Uno de los aspectos positivos de estos primeros días ha sido el firme compromiso que el presidente Mulino mostró hacia el sector agropecuario. En abril de 2024, en compañía de Anel «Bolo» Flores y Óscar Osorio Casal, Mulino firmó un acuerdo con el sector agropecuario en Volcán, Chiriquí, en el cual destacó su voluntad de apoyar a los productores nacionales, reconociendo la importancia de la seguridad y soberanía alimentaria. Mulino aseguró que «no puede haber importación cuando existe abastecimiento nacional», y prometió implementar medidas como el apoyo crediticio, la creación de centros de post-cosecha y la innovación tecnológica.
Este tipo de iniciativas no solo demuestran una clara intención de fortalecer el agro panameño, sino que también reflejan una visión estratégica que apunta a garantizar la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. Sin embargo, la implementación de estas promesas deberá ser rigurosamente monitoreada para asegurar su cumplimiento efectivo.
Lo Malo: La Creación de Entidades Paralelas
A pesar de los avances, uno de los puntos más preocupantes en estos primeros 97 días ha sido la creación del Consejo Consultivo Agropecuario Nacional mediante el Decreto Ejecutivo Nº 49 de 11 de septiembre de 2024. Este nuevo ente se ha percibido como una entidad paralela al Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado (CSCPAE), creado mediante la Ley 352 de 2023. Esta duplicación de funciones no solo genera confusión, sino que puede diluir el impacto de la Política Agroalimentaria de Estado (PADE) que busca garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
La creación de estructuras paralelas debilita los esfuerzos ya establecidos y socava la transparencia que se busca en el sector agropecuario. Además, la designación de personas como Juan Pastor Guevara Águila en puestos clave, sin un análisis exhaustivo de sus antecedentes y vínculos con organizaciones como APUP y Ecopork, levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas decisiones. Las acciones de estos actores han sido señaladas en el pasado por priorizar intereses personales por encima del bien común del sector agropecuario.
Lo Feo: Importación Masiva de Arroz
Uno de los puntos más críticos ha sido la decisión del IMA de importar 60 mil quintales de arroz pilado desde Estados Unidos, a pesar de que los molinos nacionales se encontraban en condiciones de suplir esta demanda. Este tipo de decisiones pone en riesgo la sostenibilidad de la producción nacional y afecta negativamente la economía rural. En lugar de fortalecer a los productores locales, estas importaciones generan dependencia de mercados extranjeros y debilitan la soberanía alimentaria del país.
Es fundamental que las decisiones de importación estén alineadas tanto con la Ley 352, la Ley 49 de 2017 por medio de la cual se establece la organización y funcionamiento de las Cadenas Agroalimentarias, como con el Decreto Ejecutivo Nº 132 de viernes 28 de diciembre de 2018, que reglamenta dicha ley. Estas normativas garantizan que se priorice el producto nacional y que se asegure la participación de todos los actores involucrados en la cadena productiva. La seguridad alimentaria no puede estar a merced de importaciones que perjudican a los agricultores panameños, quienes día a día luchan por mantener en pie la producción nacional. Las decisiones de importación deben ser claras y transparentes, buscando siempre proteger el interés del país y no debilitar su capacidad de autoabastecimiento.
El Caso del Ministerio de Educación: Un Riesgo de Duplicación de Funciones
Un aspecto que no puede dejarse de lado es lo que ha venido ocurriendo en el ámbito de la educación agropecuaria. El Ministerio de Educación (Meduca) ha impulsado diversas iniciativas para la modernización de los Institutos Profesionales y Técnicos Agropecuarios (IPTs), con la intención de mejorar la oferta educativa del agro. Sin embargo, estas acciones corren el riesgo de duplicar esfuerzos y malversar recursos que ya deberían estar enfocados en cumplir con los objetivos de la Política Agroalimentaria de Estado (Ley 352 de 2023).
El reciente Congreso Nacional de Educación Agropecuaria promovido por Meduca, si bien bienintencionado, debe alinearse estrictamente con los lineamientos de la PADE. La creación de programas paralelos sin una adecuada coordinación con las autoridades responsables de la política agroalimentaria solo genera confusión y dilapida fondos públicos que deberían destinarse a fortalecer un sistema único y coherente. Resulta preocupante que, en lugar de centrarse en la implementación de una política clara y efectiva, se promuevan iniciativas que pueden crear más burocracia y entorpecer el desarrollo del sector.
El artículo 7 de la Ley 352 es claro al establecer que las políticas públicas deben asegurar la aplicación de agrotecnología, productividad y soberanía alimentaria bajo un enfoque inclusivo y sostenible. Las instituciones educativas técnicas deben estar al servicio de esta visión y no dispersar esfuerzos en programas desalineados. En lugar de esto, Meduca debería trabajar en conjunto con el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado para asegurar que sus acciones refuercen los pilares fundamentales de la PADE y eviten duplicidades costosas e innecesarias.
Recomendaciones para los Próximos 1,729 Días
1. Fortalecer el Apoyo al Productor Nacional: Las promesas de apoyo crediticio, creación de centros de post-cosecha y tecnología deben materializarse de forma efectiva para garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario.
2. Eliminar Entidades Paralelas: Es imperativo que se revise la estructura del Consejo Consultivo Agropecuario Nacional para evitar la duplicación de funciones y que se refuercen los mecanismos establecidos por la Ley 352 de 2023.
3. Promover la Transparencia y Meritocracia: La designación de figuras clave en sectores estratégicos debe realizarse con base en méritos y compromiso con el bien común del sector, evitando cualquier vinculación con intereses particulares o políticos.
4. Revisar las Políticas de Importación: Las decisiones de importación deben estar alineadas tanto con la Ley 352, la Ley 49 de 2017 y el Decreto Ejecutivo Nº 132 de 2018, priorizando el producto nacional antes de recurrir a importaciones que comprometen nuestra seguridad alimentaria.
5. Coordinación Interinstitucional: Es necesario que Meduca y otras entidades relacionadas con el sector agropecuario trabajen de la mano con el CSCPAE, garantizando una educación técnica que refuerce los lineamientos de la PADE, evitando la duplicación de funciones y el desperdicio de recursos públicos.
La gestión del presidente Mulino ha mostrado avances, pero también enfrenta serios retos que deben abordarse con urgencia para evitar que las promesas queden en el aire. Los ojos del sector agropecuario, de los consumidores y de los defensores de la competencia están atentos a cada paso, y la soberanía alimentaria de Panamá dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos 1,729 días.
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