El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Lic. Víctor Collado S.
Haber dicho en la Exposición de Motivos y por boca del mismo Presidente, en cadena nacional, que la «reforma refleja los consensos logrados en las mesas de trabajo instaladas en la Presidencia,» es estirar los hechos más allá del punto exacto de hasta donde llegaron.
El Ejecutivo preparó su Proyecto de Ley de la manera que solo él decidió y no se pidió parecer a ningún grupo que participó en las mesas de conversación durante ni después de redactar el documento (excepto el sector patronal a juzgar por el contenido del 163).
Lo enrevesado del Proyecto aconseja examinarlo por temas puntuales, es decir, destacando los asuntos que le dan carácter a la CSS y la proyectan, más en negativo que positivo, habida cuenta que las «consultas» en la AN siguen el mismo rigor de las mesas de conversaciones en la Presidencia en donde sólo se escuchó y se escucha. Porque aparte de eso nada más ni nada menos.
LA AUTONOMÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Si la CSS y sus programas colapsan o no, a breve o largo plazo, no dependen, sólo, de tener o carecer de plata en las reservas. No hay que pecar de iluso diciendo que se puede prescindir del dinero. Pero si los recursos que se necesitan no llegan en concordancia con sus necesidades, es porque la Institución esta ayuna de la confianza ciudadana, es débil y permeable a prácticas que riñen con la transparencia y tiene autonomía en papel únicamente.
La Institución lidia además, con un sector minoritario que pretende desnaturalizarla para llevarse sus recursos a sus negocios particulares y por eso cierran filas en torno a sus intereses crematísticos.
Que la CSS no tenga la autonomía de la que nadie para de hablar, es su Talón de Aquiles. A falta de un título constitucional, igual o parecido al de la ACP, la Ley puede y debe blindarla institucionalmente.
El proyecto del sr. Mulino, todo lo contrario, le sale huyendo a la autonomía de la CSS porque quiere posesionarla en condición de vasallaje. Repetir que la CSS no será privatizada es altamente peligroso porque a los políticos se les debe entender al revés para descubrir sus inclinaciones.
El 163 no disimula la pretensión de controlar la Caja a través del Dir. Gral. lo que hace que las reformas huelan y saben a centralismo privatizador.
Los apologistas del Proyecto, pese a ser frescos en el poder, han asimilado muy bien el dogma que el gobierno manda y, si se equivoca, vuelve y manda.
Para asegurarse el dominio de la CSS entre muchas más:
1. Buscan aprobar Normas de Gobernanza a la que tendrán que sujetarse todas las actuaciones de la CSS, incluyendo sus organos de gobierno. Esas normas, sobre las cuales se tienen un ineludible y fuerte olfato empresarial, se le asigna el papel de normar la eficiencia y transparencia de los recursos económicos, humanos y organizativos de La Caja. Es decir: todo.
2. Se le quita a la J. D. la facultad de instruir un proceso disciplinario para despedir al Dr. Gral. porque lo que más podrá hacerse es informarle al Ejecutivo que se ha incurrido en alguna causal de remoción para que el Presidente decida lo que estime.
3. La Comisión de riesgos e inversiones sería presidida por el Mtro del Mef. lo que dice bastante y suficiente.
4. Se le elimina a la JD su personal de apoyo (financista. Abogado y secretario adjunto).
5. Se le da al Dr. Gral. la facultad de hacer un Plan de modernización institucional en 6 meses frente a cual la JD sólo podrá formular observaciones y recomendaciones en 30 días.
Seguro que la CSS quedaría tan desmejorada con el 163 que la eficiencia de cualquier sistema moderno de pensiones quedaría sujeto a una singular estructura de poder que haría del IVM algo diametralmente distinto a lo que se escriba.
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