Lo importante es entender que estas dos posiciones no pueden ser sintetizadas en una especie de proyecto híbrido, tal como lo propone la metodología de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. La misma está, entonces, frente a una especie de teorema imposible.
Juan Jované
La decisión de la Comisión de Salud y Desarrollo ha seguido, a nuestro juicio, un camino que necesariamente no va a conducir a la generación de una Ley sobre la seguridad social que responda a los intereses de la población. Se trata de un error que tiene dos elementos. El primero, tiene que ver con una incomprensión, probablemente real para algunos y conveniente políticamente para otros, de cuál debe ser el paso inicial de un debate sobre la reformulación de la seguridad social. El segundo, que se desprende del primero, guarda relación con la metodología del debate.
El problema aquí reside en que cualquier intento de reformar el régimen de pensiones no puede resolverse adecuadamente si previamente no existe una discusión sobre la naturaleza de dicho modelo.
La necesidad de una clara definición de una visión sobre la seguridad social, como elemento previo a la búsqueda de soluciones técnicas, es un hecho generalmente reconocido. Es así que Joseph E. Stiglitz, en un artículo titulado “Building the Fairer and Sustainable Security System” (March, 2016), sostiene que existen elementos claves que deben ser definidos para diseñar el programa de seguridad social. Entre estos enumera los siguientes: la magnitud del componente redistributivo, el compartir los riesgos entre generaciones, el carácter del sistema ya sea solidario o de cuentas individuales y la forma de gestión del programa, entre otros.
Esto lleva a destacar que existen dos visiones básicas sobre la seguridad social. Una es la visión neoliberal, la cual no acepta la idea de que la seguridad social pueda contener algún tipo de componente redistributivo.
Es así, por ejemplo, que F. A. Hayek en su libro Los Fundamentos de la Libertad, se opone radicalmente a que los sistemas de seguridad social tengan un componente redistributivo. Esto es claro cuando afirma que: “Aunque la redistribución de la renta no fue nunca el propósito inicial confesado del aparato de seguridad social, en la actualidad constituye el objetivo real admitido en todas partes. Ningún sistema de seguridad social obligatorio monopolístico ha dejado de transformarse en algo completamente distinto; siempre se ha convertido en un mecanismo destinado a la obligatoria redistribución de la renta”.
Esta posición, por su propia lógica, lleva a la propuesta de las cuentas individuales, con un manejo privado de las mismas. Es así que Hayek argumenta que: “Aunque todos los seguros entrañan una comunidad de intereses para reabsorber el riesgo, las empresas aseguradoras de tipo privado jamás pueden llevar a cabo una deliberada transferencia de renta de un grupo de individuos previamente designados a otro”.
Milton Friedman, el otro padre fundador del neoliberalismo en su obra Capitalismo y Libertad, mantiene una posición estrictamente individualista sobre la seguridad social semejante a la de Hayek. Es así que en la misma afirma que “si la redistribución no debe ser parte del programa y, como acabamos de ver, es difícil encontrar alguna justificación para que lo sea, ¿por qué no permitir que las personas que deseen hacerlo contraten sus rentas vitalicias a empresas privadas?”.
Un elemento central de la visión neoliberal es que la misma es absolutamente negativa en relación a la idea de la justicia social. Es por esto que Hayek, en su libro “La Fatal Arrogancia”, dice textualmente que: “Develar el significado de eso que denotamos “justicia social” ha sido una de mis grandes obsesiones durante algo más de una década… La conclusión a la que he llegado es que, referida a una sociedad de hombres libres, la expresión carece de sentido”.
Es de interés destacar la visión básicamente individualista de la naturaleza humana que caracteriza al enfoque neoliberal del modelo de pensiones. Esto se evidencia en el pensamiento de José Piñera, el fundador del sistema de cuentas individuales de Chile, el que argumenta que “ninguna reparación o correctivo podía salvar el antiguo sistema, cuyo pecado original era en definitiva -al romper la conexión entre aportes y beneficios – violar las leyes de la naturaleza humana”.
Frente a la posición individualista – neoliberal se encuentra la idea de la seguridad social como un derecho humano. Esta visión tiene varias fuentes, entre las que cabe destacar el Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo al que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Esta visión, profundamente social, apunta en una dirección contraria al enfoque neoliberal. Es así, que tal como lo afirma el documento de la Universidad de Panamá titulado “Sistema de Pensiones: Hacía Una Solución Alternativa (2024)”, se trata de una posición que propone un modelo de seguridad social basado en 14 principios fundamentales: el carácter público del sistema; la universalidad; la integralidad; la solidaridad con redistribución del ingreso; la equidad; la subsidiaridad por parte del Estado; la obligatoriedad; la unidad armónica de todos los órganos involucrados en la seguridad social; la participación y la transparencia, la suficiencia, previsibilidad, inmediatez y oportunidad de las prestaciones; eficacia y eficiencia; la evolución progresiva de los beneficios; la sostenibilidad integral de los recursos humanos, materiales y financieros; la coordinación y consistencia con un estilo desarrollo sostenible y equitativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en la actualidad existen dos propuestas estructuralmente distintas sobre el programa de IVM. Por una parte, está la propuesta empresarial – gubernamental que constituye el concepto básico del proyecto de Ley 163, que es una aplicación concreta a Panamá de la visión individualista – neoliberal. Por otra parte, se encuentra la visión universitaria sostenida en la idea de la seguridad social como un derecho humano, sostenido en una sólida base financiera.
Lo importante es entender que estas dos posiciones no pueden ser sintetizadas en una especie de proyecto híbrido, tal como lo propone la metodología de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. La misma está, entonces, frente a una especie de teorema imposible.
Más aun, la metodología de discutir por bloques y artículos, basada en la idea que no se rechaza si no que se modifica, encierra el debate dentro los estrechos márgenes y el espíritu del proyecto de Ley 163. Se trata de una metodología que favorece al modelo neoliberal de pensiones. En esta circunstancia cualquiera de los sectores sociales que decida participar de alguna u otra forma en estos debates simplemente va a legitimar una Ley contraria a los verdaderos intereses de la población. El drama del 2005 y la Ley 51 parece volver a repetirse.
El camino correcto es el exigir el rechazo completo al proyecto de Ley 163, para luego a partir de allí generar un verdadero proceso participativo para resolver los problemas del programa de invalidez vejez y muerte.
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