El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
La Licenciada Judy Meana, vice alcaldesa del Distrito Capital, en días pasados fue agredida física y psíquicamente por su pareja, a quien otros medios identifican como Remy Francisco Carreira, hijo de un abogado muy respetado, sin tacha conocida. Resulta que el Juez de Garantías que conoció la imputación seguro a solicitud de parte, le aplicó la medida cautelar más benévola, la de presentarse cada cierto tiempo ante el fiscal de la causa.
Se trata de una conducta a la que la sociedad le considera como muy grave e intolerante. Muchas de esas medidas concluyen con delitos más graves y hasta la muerte de la víctima.
Los jueces y fiscales en estos casos no son equilibrados. Si hubiese sido Juan, el de la cocinera, la medida fuese otra sin duda alguna.
El poder y el poder económico de alguna manera están presentes en decisiones judiciales de este tipo. Se percibe en el ejercicio del derecho un presunto tráfico de influencias que jamás debe ser un medio de aplicar el derecho, ni de medir las circunstancias de cada caso en particular. No se está afirmando que algún familiar del agresor ha intercedido con los jueces para conseguir la medida, no, lo que se resalta es la forma en que los jueces y fiscales actúan de manera diferentes, tratándose de la calidad de las partes, en casos de violencia de género, lo que reprochamos como juristas y con mayor rigor, considerando lo déspotas, irrespetuosos y ausentes de conocimiento jurídico que tienen muchos de esos funcionarios, que son pagados con fondos públicos.
Teorías absurdas, conceptos desfasados, jurisprudencias improcedentes, nulo análisis de la tipicidad en sus elementos objetivos y subjetivos, es la justicia que recibimos los panameños todos los días.
Esperamos que esta reflexión logre la finalidad concebida, hacer que la argumentación jurídica de los jueces y fiscales, no cause más frustración o gastritis jurídica a los usuarios.
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