La masacre de El Mozote y lugares aledaños

En diciembre de 1981, al norte del Departamento de Morazán, en el marco de un operativo del ejército de El Salvador, se llevaron a cabo una serie de masacres sucesivas, que resultaron en el asesinato de a alrededor de 1.000 personas, casi la mitad fueron niñas y niños. Las investigaciones que se iniciaron sobre hechos fueron cerradas en 1993, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Amnistía.

La operación, la llevó a cabo el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, con el apoyo de la fuerza aérea. Entre 1.000 y 2.000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la insurgencia. El operativo se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre. Los soldados ingresaron en las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres y los ejecutaron. Muchas personas fueron desplazadas a otras regiones del país o emigraron a Honduras.

Lo sucedido en El Mozote y en las distintas zonas del cantón Guacamaya se vincula directamente con el conflicto interno que arrasó con miles de vidas durante la década de los 80 en El Salvador. En su afán de acabar con la guerrilla, el Ejército justificó operativos sangrientos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Al día de hoy, esta es la masacre más grande que se ha realizado en Latinoamérica.

El 30 de octubre de 1990 el caso fue enviado a la Comisión Interamericana (CIDH), pero estuvo archivado durante diez años por falta de notificación sobre el proceso por parte de las partes. En el año 2000, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) fue acreditado como representante del caso.

En 1993, con la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en El Salvador, ninguno de los hechos descritos se investigó y no se juzgó a una sola persona por los crímenes.

En el año 2010, la CIDH concluyó  que  las  masacres de  El  Mozote  y  lugares  aledaños,  representaron un caso de  abandono  de  los  principios  más elementales  que  inspiran  la  Convención  Americana, por lo que hizo una serie de recomendaciones para que el Estado de El Salvador saldara la deuda histórica con la memoria de las víctimas, sus familias sobrevivientes y la sociedad, quienes pasados mas de 30 años de ocurridos los hechos, no tenían conocimiento de la verdad y tampoco existían sanciones a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

El caso ingresó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2011, después de que la CIDH acreditara la responsabilidad del Estado salvadoreño por numerosas violaciones de derechos humanos y el 25 de octubre de 2012, la Corte reconoció la responsabilidad del Estado de El Salvador sobre los hechos denunciados y las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en El Mozote.

Para 2021, el caso sigue en la fase de ejecución de la sentencia, sobre el cual la Corte IDH ha emitido varias resoluciones en el marco de la supervisión de cumplimiento, incluida una visita de supervisión. Si bien el Estado de El Salvador ha dado cumplimiento parcial a algunas de las medidas emitidas en 2012, aún no existen personas juzgadas por los graves crímenes cometidos.

La comunidad internacional se estremeció en aquel entonces con semejante crueldad contra un pueblo desarmado y especialmente la violencia contra los niños y niñas, muchas de ellas violadas antes de su muerte, que fue como matarlas dos veces, y la sevicia que se utilizó en la destrucción de los hogares y las cosechas y animales de corral que tenían los habitantes del Mozote y los alrededores.

Ojalá nunca más tengamos que ser testigos de esa violencia de un Estado contra su propio pueblo y que tampoco seamos testigos de que a estas alturas nadie sea responsable ni haya pagado el precio por haber atentado contra la vida y honra de una sangre inocente que clama desde el cielo.

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