El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Dada a conocer la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley 406 que cobijaba el Contrato entre el Estado panameño y la Minera Cobre Panamá, subsidiaria de la First Quantum Minerals Ltd., por la Gracia de Dios, se cierra un ciclo y se abre otro de esta lucha ciclópea del pueblo panameño.
La sentencia y sus consecuencias políticas
La nueva etapa se inicia con la ejecución de la sentencia y para ello, nos topamos con el primer dilema en el espectro político. ¿Deberían ejecutar la sentencia los mismos que, negociaron y quisieron imponer a sangre y fuego lo que para el país no era beneficioso y además estaba fuera de la Ley?
Por razones elementales de ética y de confianza pública, no se puede otorgar tal responsabilidad, tan seria, a quienes navegaron en el propósito enemigo a sabiendas y advertidos oportunamente que lo que hacían, era contra legem.
Quienes deben ejecutar la sentencia y la conducta sempiterna de la empresa minera
Así que, el movimiento popular y social no puede aceptar que, quienes se confabularon con la empresa en un escandaloso cohecho, quienes negociaron exponiendo las partes pudendas del país y lo sometieron al escarnio y la deshonra, sean ahora, los que ejecutarían la sentencia, personas que, en el cumplimiento de su deber, tienen que gozar de la absoluta confianza de los patriotas, porque sabemos por la propia boca de la empresa minera que: “Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, anunciado el martes 28 de noviembre de 2023 (el Fallo), la Empresa desea expresar que respeta las leyes panameñas y revisará el contenido del Fallo para comprender los fundamentos del mismo”,. Respeto que nunca ha tenido y que, le ha permitido durante más de cinco años y 10 meses, desde el fallo de inconstitucionalidad del 21 de diciembre de 2017 y ejecutoriado el 24 de diciembre de 2017, hasta el 23 de octubre de 2013, en un abierto desacato de la decisión de nuestro máximo órgano jurisdiccional, operar, extraer y comercializar mineral, por decenas de miles de millones de dólares, perteneciente a la república de Panamá, sin ningún documento que lo amparara o mejor dicho a través de documentos absolutamente ilegales con apariencia de derecho, lo cual hace desconfiar de su aseveración.
La minera afirma también que; “han operado de manera consistente con transparencia y estricto apego a la legislación panameña”. Eso es absolutamente falso de toda falsedad.
La empresa en su momento, no solo resistió en abierto desacato la decisión constitucional de la Corte Suprema en la sentencia del 2017, sino que, incluso desafió en varias oportunidades al gobierno nacional y amenazó todo el tiempo al país con someterlo a tribunales internacionales o a arbitrajes internacionales.
Por tales razones, no pueden ser los ayudantes de trasquilador, los que vengan ahora a reivindicar a sus propias víctimas, porque eso sería una doble ración de maldad infinita.
La clase política descalificada
Por su parte, la clase política, en toda esta coyuntura, expuso sus miserias. Incapaz de poder guiar a la sociedad, envuelta casi toda, en el descrédito público y la corrupción que, la inhabilita para poder ahora, intentar siquiera, de ser guía en algo, porque nadie puede dar lo que no tiene.
Todo este desastre ocurre, por haber abandonado los más elementales principios éticos y morales y haber sucumbido ante la procacidad, la avaricia y en general a la corrupción que se ha encargado de destruir el tejido de nuestras instituciones nacionales, lo que obliga a desarrollar un cambio profundo para restaurar nuestra democracia y permitir que no se siga reproduciendo la desigualdad que, es generada y patrocinada por la injusticia que, no podemos seguir tolerando.
… continúa..
¡Así de sencilla es la cosa!
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