El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Investigación Periodística:
Por: Arturo Garrido Alexandrópulos
El Reportero del Agro – 5 de noviembre de 2024
El reciente anuncio del presidente José Raúl Mulino en Pacora, donde promete apoyar a los productores afectados por las lluvias, parece a simple vista un gesto loable. Sin embargo, cuando profundizamos en el verdadero compromiso del Ejecutivo con la Política Agroalimentaria de Estado (Ley 352 de 2023), surge un panorama preocupante que merece escrutinio y cuestionamiento cívico, moral y patriótico. ¿Acaso estas promesas son suficientes para enfrentar los retos estructurales del sector agropecuario panameño, o son meras soluciones temporales que ignoran la profundidad de los problemas?
El gobierno de Mulino ha repetido una fórmula tradicional: prometer asistencia ante desastres naturales, como las recientes inundaciones que afectaron 589 hectáreas de arroz en Azuero y Veraguas. Afirmar que se «dará todo el apoyo a los productores» suena bien en una conferencia de prensa, pero la realidad dista mucho de estas palabras. ¿Qué pasó con el compromiso adquirido en el Segundo Debate Presidencial por el Sector Agropecuario, donde Mulino se comprometió a una verdadera transformación estructural del sector?
La Ley 352 de 2023, que establece la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), no solo exige apoyo puntual en casos de emergencia, sino que fija los pilares para garantizar competitividad, productividad y sostenibilidad. La promesa del presidente de mejorar las carreteras en zonas rurales como Mariato puede ser una mejora momentánea, pero ¿dónde queda la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (PLANADESAR) 2023-2032, que establece soluciones a largo plazo para mitigar el impacto del cambio climático y las recurrentes inundaciones?
Es crucial recordar que la PADE establece que el Estado debe priorizar la soberanía alimentaria y la seguridad agroalimentaria, asegurando que las producciones nacionales puedan mantenerse frente a desastres naturales y otras crisis. La pregunta es: ¿está el gobierno realmente cumpliendo con su deber de fomentar la producción y reducir la dependencia de las importaciones? Las declaraciones públicas de Mulino, aunque políticamente oportunas, no abordan los mecanismos que la Ley 352 ya ha puesto en marcha para enfrentar estos desafíos de forma integral y sostenida.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, mencionó que aún no cuentan con cifras exactas debido a las dificultades de acceso. Esto revela una carencia institucional alarmante, que la misma Ley 352 busca solucionar mediante la creación del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento. Este órgano, diseñado precisamente para coordinar y monitorear todas las acciones relacionadas con la producción agropecuaria, debería estar funcionando de manera efectiva para asegurar que las respuestas sean rápidas y precisas.
Además, los productores nacionales, principales defensores de nuestra soberanía alimentaria, han insistido desde hace años en que las soluciones superficiales no son suficientes. La Ley 352 establece la necesidad de una gestión adecuada del uso del suelo, la promoción de agrotecnología y la inclusión de todos los actores rurales en las cadenas productivas. ¿Se está cumpliendo con esto?
En definitiva, si bien el apoyo inmediato es necesario, no podemos ignorar la falta de un plan a largo plazo que cumpla verdaderamente con los objetivos de la Política Agroalimentaria de Estado. Los productores y consumidores panameños necesitan mucho más que promesas; necesitan una implementación real y sostenida de las leyes que el mismo gobierno ha promulgado. ¿Hasta cuándo continuaremos con soluciones a medias, mientras se ignoran las verdaderas causas de la vulnerabilidad del sector agropecuario?
Este reportaje es un llamado a la acción: el pueblo panameño merece ver el cumplimiento de la Ley 352 de 2023 en toda su extensión, no más promesas vacías.
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