Por Ramiro Guerra M. Abogado y cientista político.
Octubre de 2023.
En 1947, el pueblo organizado, estudiantes, profesionales, las mujeres, trabajadores, campesinos, con el Frente Patriótico, se opusieron al convenio con el cual, el gobierno de la época y los Estados Unidos, pretendieron llenar el territorio nacional de bases militares yanquis.
La oligarquía y su gobierno decían que había que firmar ese convenio de bases porque, según ellos, le significaría mucho dinero al estado y al gobierno. Además de que se generarían miles de puesto de trabajo.
El movimiento popular y todo el pueblo dijeron ¡No! La represión no pudo contener la ola nacionalista. La dignidad y la soberanía no se podían tasar en dinero. Algo parecido cuando se negociaban los tratados Torrijos- Carter.
La oligarquía se oponía a la eliminación de las bases militares. Los mismos argumentos de siempre. Hoy el gobierno se comporta igual a los políticos de esa época. Eso de patria y soberanía les resbala; no les importa.
Según el gobierno, First Quantum viene, como chapulín colorado, a salvarnos del desastre en que los últimos gobiernos han creado y más el actual con su política desacertada de manejar la economía, que nos ha llevado a un endeudamiento terrible y peor, nada de desarrollo. Lo anterior, agravado por una gestión de la gobernabilidad extremadamente centralista.
Tempranamente, le señalé al gobierno que esa manera de dirigir el estado les pasaría facturas. La soberbia, un centralismo nada democrático, los aisló de la sociedad. Hoy el gobierno está aislado; una especie de prisionero de palacio.
Los escribanos y asesores, lo hunden cada vez más en el pantano de la falta de credibilidad. El gobierno cosecha, lo que sembró. El tema minero ha puesto a flote las contradicciones que han aislado al gobierno. Lo escribí cuando, en un artículo de opinión, señalé que:… «hay un hastío de la población»
No vengan con el cuento que los protagonistas de la lucha social, son izquierdistas, terroristas o anárquicos. Terrorismo judicial fue lo que planteó el sr. Presidente. Poner a la justicia al servicio de la represión. Y más grave, la Corte Suprema no se da por aludida.
Dialogaba con un distinguido jurista y conveníamos en que la Corte Suprema carga con responsabilidad por la crisis. No juega su papel de controlador de la legalidad y constitucionalidad del país.
Como escribí en un análisis de coyuntura, «la de julio de 2023 quedó inconclusa y octubre de 2023, vuelve sobre caminos recorridos de la lucha por la vida».
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