Por: Ramiro Guerra.
Declarar un cierre de pequeñas y medianas farmacias y con ello negarse a vender medicamentos a la población, es un gravísimo atentado a la salud y vida de los panameños.
Tratándose de un paro de actividades, no se puede afectar los salarios de los empleados. Además, se puede estar entrando a flagrante violación al código sanitario y al código penal.
La pregunta, ¿tendrá la voluntad el gobierno de hacer cumplir el decreto que establece la rebaja del 30 por ciento?
La pregunta, ¿quiénes están detrás de ese cierre? ¿los grandes distribuidores? Estos últimos tienen el poder, para usar los pequeños dueños de farmacia, como caballo de Troya para enfrentar al gobierno.
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