Cómo se sustentó la privatización en Panamá (I)

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Recuerdo muy bien cómo se crearon las condiciones para privatizar el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), ahora Cable and Wireless, que había sido creado por la Ley 80 de 20 de septiembre de 1973, publicada en la Gaceta Oficial 17,448, cuando Omar Torrijos nacionalizó la compañía Fuerza y Luz, una empresa norteamericana que explotaba privadamente el negocio de la energía eléctrica y las comunicaciones en Panamá.

De manera deliberada, quienes dirigían al país, venidos en las tanquetas de la Invasión del 20 de diciembre de 1989 y contrariando al torrijismo como eran sus planes originales, tomaron la aberrante decisión política de no invertir en renovación o modernización de la empresa, en sus equipos, para poder justificar la necesidad de que solo la privatización podría salvarla.

El INTEL le aportaba en forma directa al Presupuesto Nacional más de 150 millones de balboas al año, además de los salarios significativos y justos a más de 3,600 trabajadores, quienes podían participar en el mercado nacional de bienes y servicios en forma decente, así como realizar compras al mercado local por decenas de millones de balboas en refacciones.  Era el INTEL una empresa del Estado muy próspera y con altos rendimientos. Una auténtica mina de oro, sin haber desarrollado aún, y en forma calculada, la telefonía celular que resultó un extraordinario negocio en manos privadas. Su nacionalización y su desarrollo desde el Estado solo duró efímeramente 24 años, porque al ser un gran negocio, la oligarquía panameña encontró el modo de asaltarla y hacérsela suya.

Hace 25 años, dejaron adrede de mantener la red telefónica nacional, los teléfonos públicos y las reparaciones, que eran casi inmediatas, ahora tomaban hasta una semana, todo dirigido a causar un gran malestar nacional que justificara el discurso de la privatización.

Por si fuera poco, para que los trabajadores no se opusieran a la privatización, desarrollaron un modelo en el que le entregaban un 2% de las acciones para hacerlos socios de la nueva aventura o lo que es lo mismo, inhabilitarlos como eventuales opositores al modelo privatizador, además de darles una jugosa suma como liquidación que también tocó a los altos directivos, los cuales, sin asco, participaron de ese reparto sin miramiento a principios éticos de ninguna naturaleza, sabiendo que tales privilegios eran contrarios a todas luces a nuestro ordenamiento constitucional.

Crearon una crisis económica en la empresa y la zozobra de que o privatizábamos o nuestras empresas iban a ser bloqueadas, y ya los panameños sabíamos qué significaba un bloqueo económico, por lo que corrió el discurso que teníamos que obedecer las demandas del FMI y el Banco Mundial, so pena de entrar al ostracismo económico y de sanciones políticas imperiales.

Nos hicieron creer que era necesario el cercenamiento de las empresas estatales y un retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos, antes que el bloqueo absoluto y total que nos negaría la existencia misma. Se manejó el terror como un componente perverso para imponer la privatización.

Esos hechos están marcados en nuestra historia, que debe ser revisada, y quienes participaron de tales tropelías en contra de la Nación panameña deben ser procesados y los bienes que perdió la república deben ser resarcidos e indemnizados.

Hoy día, Cable and Wireless tiene casi todos sus servicios tercerizados, por lo que genera muy pocos empleos sanos; además, en el reparto de utilidades en el año, del 48% de acciones del Estado, este solo recibe menos de 20 millones de balboas anuales, lo cual es una migaja comparada con el aporte directo del INTEL al Estado en 1996, hace 26 años atrás.

Hay un hecho delicado que se dio hace poco tiempo y que nadie ha expresado desde el Estado, una posición al respecto. Se trata de que la compañía inglesa, dueña original del 48% de las acciones en 1997, y por lo cual pagó cerca de 800 millones de dólares para tener acceso a desarrollar y manejar el negocio durante 25 años de la primera etapa de la concesión, habiendo recuperado con creces la suma invertida, sin embargo vendió su paquete accionario por varias veces lo que había pagado al Estado panameño y habiendo sido resarcidos ampliamente en su inversión, y sin que autoridad panameña alguna diera un consentimiento a esta operación, tratándose de un servicio público que, es responsabilidad primaria del Estado Panameño. Es decir, siguen jugando bolsita y el país no se da a respetar ni se tutelan eficazmente los intereses de los panameños y el país nuestro.

Los que negociaron esta privatización le causaron un serio daño a la economía y un golpe formidable al patrimonio nacional de todos los panameños.

Hoy día algunos sectores carroñeros están aguaitando la Empresa de Transmisión Eléctrica del Estado (ETESA) para caerle encima y, por tanto, usted podrá explicarse las razones de tantos fallos consecutivos en esa empresa, todos dirigidos a que la población acepte de buenas ganas sacarla por la privatización de estos percances deliberados. Pero lo mismo está ocurriendo con el Canal de Panamá que de a poco lo están privatizando por la vía de la tercerización según denuncia sus propios trabajadores.

¡Así de sencilla es la cosa!

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