Por: Ramiro Guerra M.
Jurista, Escritor Y Cientista Político.
Comparto el planteamiento relativo a la necesidad de reformar la constitución nacional. Sobre todo, en lo relativo al tema del poder y la democracia. Igual lo pertinente a la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales y humanos. El Titulo III, está propenso a mejorar, dotándolo de un enfoque más eficaz desde una perspectiva antropocéntrica. La dignidad del hombre es un bien supremo.También la manera de relacionarse los factores de poder. En nuestro medio, el excesivo régimen presidencialista, es un factor que anula o no permite que tengamos una democracia de ciudadanos. Los gobiernos, a cotidiano nos recuerdan, que son ellos los que mandan y el pueblo a una mera condición de súbditos.
No estoy de acuerdo con satanizar toda la constitución. Vender el argumento, de que todo puede cambiar con una constitución nueva. No es cierto.
Lo anterior no tiene nada que ver, si el medio es una constituyente originaria o paralela. En fin, la primera tiene el poder, de producir un nuevo texto constitucional o modificarla.
A propósito de lo anterior, somos del criterio que, en temas de relación estado – economía, nuestra constitución es progresista y consecuentemente aplicada, conduce a la vigencia de un estado interventor y de bienestar social. Sus artículos en esta materia, propende al bien común y la justicia social.
Vamos más lejos y jurídicamente afirmo que, los enfoques neoliberales de orientación y conducción de la economía, riñen con los títulos en la constitución que regulan lo pertinente a la economía.
Cierto que la constitución, el anteproyecto de 1946, trabajado por el Dr. José Dolores Moscote, propició un salto de calidad en lo que se refiere al constitucionalismo panameño. Entendible dada la época de la post guerra (segunda guerra mundial) que, puso de moda el estado de bienestar social.
Sin embargo, fue con el régimen de Omar Torrijos, (1972), donde esta filosofía de una economía en función del interés social, dio saltos de calidad importante.
Obsérvese que la constitución nacional, subraya el concepto de una economía con sentido de equidad y justo reparto social.
Según los articulados de los títulos que versan sobre economía, le otorgan al estado un papel preponderante, al punto que está facultado para orientarla, regularla y garantizar que el capital se desenvuelva con eficacia, calidad de los servicios, bienes y regular precios, de tal suerte que, se priorice el interés de los consumidores.
Igual la constitución nacional, señala que el estado puede intervenir, creando empresas y también con asocio del capital, empresas mixtas.
Todo lo arriba expuesto, nos lleva a sostener que, las recetas y medidas neoliberales, como la de la reducción caprichosa del tamaño del estado, no tienen cabida en nuestro sistema constitucional.
Además, justo señalarlo, las políticas derivadas del llamado Consenso Washington y neoliberales, en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, sumergieron a Latinoamérica en una crisis profunda.
El país pareciera tomar partida por esas directrices, que nada bueno le deparará al país.
Lo he denunciado, hay intereses que satanizan toda la constitución, pero sus reales intenciones, es dotar al país, de una constitución que mediatice el papel del estado en la economía. Eliminar todo lo que implique estado con un sentido de equidad y bienestar social.
Tenemos que estar alerta.
¡No a la neoliberalización de todo el estado y la sociedad!
Dios bendiga la patria
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