Continúa la Impunidad.|

COMUNICADO

A UN AÑO DEL ESTALLIDO DEL CASO DE LOS ALBERGUES: CONTINÚA LA IMPUNIDAD

Este 15 de febrero de 2022 se cumplió 1 año desde que la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional presentara formal denuncia ante el Ministerio Público, por el abuso sexual y maltrato de que fueron víctimas decenas de infantes en 14 albergues regentados por el Estado.

El 24 de agosto de 2021, dicha Comisión presenta un segundo Informe que da cuenta de nuevos hechos de violaciones sexuales, abortos y hasta trata de personas producidos durante los meses de marzo, abril y mayo del mismo año, contra jóvenes institucionalizados.

Sin embargo, de 28 investigaciones realizadas, sólo 5 han concluido en condenas a personal de bajo perfil en su mayoría, quedando en la impunidad estos crímenes contra la infancia; y sin investigar, administrativamente, a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENNIAF), responsables de la supervisión de los albergues.  La ausencia de certeza del castigo da un mensaje negativo al país, de forma tal que se entiende como autorización a seguir abusando de la infancia día con día.

Justo cuando se dio la divulgación de estos hechos ante la opinión pública, se prohijó en la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley 567 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, como un mecanismo de amortiguar los cuestionamientos relacionados con este escándalo.  El pasado 11 de enero de 2022 se dio la aprobación del mismo por parte del Órgano Legislativo; y el Ejecutivo procedió a su sanción y promulgación este 15 de febrero, convirtiéndose en la Ley 285.  Es una puesta al día del país con la Convención de los Derechos del Niño, después de tres décadas.  Sin embargo, llama la atención el hecho de que NO se requiera la autorización de los padres o representantes legales para el trabajo entre 14 a 17 años; NO se haya incorporado la participación de organizaciones de la niñez y la adolescencia, así como representaciones de la sociedad civil en ese sistema de protección, cuando los derechos de participación de la niñez y adolescencia ocupan un  lugar destacado dentro de la Convención;  así como también se restrinja su derecho de asociación en colegios y universidades, a pesar del papel destacado jugado por el movimiento estudiantil en la consecución de la soberanía sobre todo el territorio nacional.

La infancia representa el 34% de la población total del país, y de ese total, el 39% vive en pobreza multidimensional, sobre todo en áreas indígenas.  1,200 menores se encuentran institucionalizados en 54 albergues a nivel nacional.  De ellos, el 39% entra por situaciones de pobreza, lo cual NO DEBE SER.  Antes del escándalo de los albergues, el 50% de estos centros no contaban con permisos, por estar suspendidos o vencidos y, sin embargo, recibían subsidios del Estado.   El SENNIAF se ha mostrado incapaz de supervisarlos, no sólo por su exiguo presupuesto y escaso personal técnico, sino por burocratización y desidia en su desempeño.  Los consultores del MIDES para este tema han dicho con claridad que: “En Panamá los niños y adolescentes son ingresados a los albergues en forma injustificada.  Se les tiene en una situación de desarraigo y aislamiento familiar y no se les escucha” (Matilde Luna, Directora de RELAF, La Estrella de Panamá, 22 de agosto de 2021).

Con la aprobación de la Ley 285 de 2022 hay, al parecer, un viraje de timón en lo que respecta al modelo de cuidado de la niñez y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad o lo que la Ministra del MIDES ha denominado “cambio sistémico hacia la desinstitucionalización… (en tanto) el principal derecho de los niños es crecer en familia… los albergues no son la solución” (La Estrella de Panamá, 26 de diciembre de 2021).    Sin embargo, creemos que este viraje en cuanto al enfoque –enhorabuena- NO DEBE CONSTITUIRSE EN BORRÓN Y CUENTA NUEVA, SIN QUE HAYA JUSTICIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ABUSADA Y MALTRATADA EN LOS ALBERGUES.

El movimiento en favor de la niñez y adolescencia desprotegida, encabezado por personas decentes y comprometidas entre las cuales está la dirigente Aida Torres.

Y es que desde el estallido de este escándalo, el Movimiento Pro Defensa de la Niñez y la Adolescencia (MOPRODENA) ha desarrollado protestas frente a la sede del Ministerio Público, por 51 semanas consecutivas, exigiendo infructuosamente justicia para la infancia violentada de los albergues.  La Ley de Niñez y Adolescencia debe desarrollar prístinamente la Convención de los Derechos del Niño y también es producto de nuestras luchas.

Las organizaciones gremiales, populares y ciudadanas abajo firmantes seguiremos acompañando al MOPRODENA en la reclamación de justicia para la infancia olvidada de los albergues.  Por lo tanto EXIGIMOS:

• Que se concluyan las investigaciones criminales contra la infancia abusada en los albergues y sean sancionados ejemplarmente los responsables de los delitos cometidos, a la brevedad posible, puesto que justicia tardía no es justicia
• Que se realicen las investigaciones administrativas a los funcionarios del MIDES y SENNIAF responsables de la supervisión de los albergues donde ocurrieron estos abusos

Nos prepararemos para la presentación de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 285 de 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, por violación de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a los derechos de asociación y participación, y a los Convenios de la OIT sobre trabajo infantil.

¡JUSTICIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS ALBERGUES!

¡POR LA REAL VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN PANAMÁ!

Panamá, 16 de febrero de 2022.

 

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