El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por Arturo Garrido Alexandrópulos
El Reportero del Agro
La exuberante y productiva «tierras altas de Chiriquí», especialmente Cerro Punta, donde se generan más de 10 mil empleos en el agro que dinamizan la economía de esta parte del país.
Cuando una organización como la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA) pretende presentarse como la columna vertebral del abastecimiento alimentario de nuestro país, surge una pregunta fundamental: ¿de quién es la mesa que realmente quieren llenar? ¿La del pueblo panameño o la de sus propios bolsillos? La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) ha lanzado un comunicado que denuncia con claridad la narrativa engañosa que ACOVIPA intenta imponer. Es momento de poner bajo la lupa lo que parece ser otro episodio más en la larga historia de quienes intentan manipular la opinión pública a favor de intereses particulares.
Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA)
ACOVIPA sostiene que «las importaciones son la principal fuente de la disponibilidad en el mercado nacional de productos agroalimentarios», pero ¿a qué costo? Esta afirmación no solo desinforma, sino que es un ataque directo contra nuestros productores nacionales. Los mismos que, con sudor y sacrificio, sostienen sobre sus hombros el peso de la seguridad alimentaria del país. La Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), Ley 352 de 2023, establece claramente que la producción nacional debe ser la piedra angular del abastecimiento, precisamente para evitar la dependencia de mercados extranjeros que pueden, en cualquier momento, convertir a Panamá en rehén de decisiones y precios internacionales. ¿Por qué ACOVIPA no menciona esto?
La respuesta es evidente: a ACOVIPA le conviene que Panamá dependa de las importaciones, porque eso llena sus cuentas bancarias mientras deja vacíos los campos de nuestros productores. Lo más indignante es que lo hacen en nombre del «pueblo panameño», presentándose como garantes del abastecimiento. Pero, ¿dónde estaban cuando los productores locales no podían competir con los precios de productos importados subsidiados desde el extranjero? ¿Dónde estaban cuando los cultivos nacionales se quedaban sin compradores porque el mercado estaba inundado de productos importados? Estas preguntas son fundamentales, pero ACOVIPA parece querer enterrarlas bajo un mar de propaganda engañosa.
ACPTA señala acertadamente que las organizaciones que reciben fondos de ACODECO, destinadas a proteger al consumidor y fomentar la competencia, han guardado un silencio cómplice ante estos ataques al sector productivo nacional. ¿Por qué? ¿Será que estos fondos se han convertido en una herramienta para mantener el statu quo en lugar de defender al consumidor y garantizar la competencia? Porque lo cierto es que la competencia que ACOVIPA promueve no es más que un disfraz de su verdadero objetivo: monopolizar el mercado con productos importados, desplazando a nuestros agricultores, que representan el verdadero espíritu patriótico y nacionalista del país.
En su afán de minimizar el papel de los productores locales, ACOVIPA se olvida de algo esencial: la soberanía alimentaria no es un capricho, es un derecho fundamental del pueblo panameño. Dependemos de nuestras propias cadenas agroalimentarias para garantizar que cada hogar tenga acceso a alimentos de calidad, a precios justos y producidos con el sudor de los nuestros, no con el oportunismo de quienes solo ven números en una hoja de Excel.
Finalmente, ACPTA hace un llamado a las autoridades a actuar con firmeza. Y es aquí donde debemos ser aún más críticos: ya no podemos permitir que las autoridades sigan mirando hacia otro lado mientras el mercado agropecuario se ve sometido a los intereses de unos pocos. La Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE) ya es Ley de la República, y no admite interpretaciones. Los funcionarios están para cumplirla, y los ciudadanos para exigir su cumplimiento. Es hora de que ACODECO y demás instituciones demuestren de qué lado están: ¿del de los mercaderes de promesas vacías, o del pueblo que necesita una alimentación segura y soberana?
ACOVIPA y sus aliados deben ser responsables de sus palabras y sus actos. Panamá no puede seguir siendo un país donde los intereses mercantilistas se imponen sobre el bienestar de la mayoría. Este es un llamado a la acción, un llamado a la defensa de nuestra tierra, de nuestros agricultores, de nuestro derecho a alimentarnos con lo que producimos. Porque si dejamos que la narrativa de ACOVIPA gane, perdemos todos.
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