El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Lizabeta S. de Rodríguez
Los panameños estamos conscientes de que la problemática vivida hoy es el resultado de nuestra mala elección al escoger gobernantes que han llegado para privilegiar los intereses empresariales, partidistas y personales, en detrimento de la aplicación de políticas públicas que promuevan el bienestar de la población que los eligió.
Tal es el caso de la Caja de Seguro Social (CSS), la cual enfrenta una profunda crisis existencial, consecuencia fundamental de la corrupción, despilfarro y falta de transparencia, que la ha llevado al desgreño administrativo, producto del sometimiento de diferentes gobiernos que han llegado al poder, tomándola como botín político, sin respetar su condición de baluarte de la Seguridad Social.
Frente a esta situación el presidente José Raúl Mulino presentó a la Asamblea Nacional, el Proyecto de ley 163, que reforma la Ley 51 de 2005, Orgánica de la CSS. Propuesta sometida a escucha de la opinión pública y que desde ya cuenta con un sinnúmero de observaciones y cuestionamientos dignos de considerar, para que sea efectivamente un sistema solidario, que responda al beneficio de los cotizantes, con pensiones dignas.
No obstante, el presidente insiste en que el término para la aprobación del proyecto 163, por la Asamblea, tiene como fecha final el 31 de diciembre de 2024.
De hacer caso omiso de las observaciones emitidas en esa escucha y aprobar tal cual se presentó; sería un desatino que pudiera provocar una grave convulsión social. Recordemos octubre y noviembre de 2023.
Lo cierto es que en la Ley que se apruebe para reformar la CSS, hay aspectos que deben quedar suscritos (escritos) con claridad, tales como: Que la CSS es una entidad autónoma, que pertenece a los cotizantes y su misión es velar por proveer de servicios de salud y prestaciones económicas eficientes, oportunas, seguras y de calidad, a sus cotizantes.
También debe quedar claramente establecido que, el director no podrá hacer uso unilateral y libertinamente de los fondos de la CSS, ni autorizar o conceder fondos a favor de administradores de inversiones locales ni extranjeros, sin la aprobación de la Junta Directiva.
El director es simplemente el administrador de la Institución. Igualmente debe quedar establecido que se priva y restringe cualquier tipo de privatización bajo la figura de externalización o cualquier otra, alquiler de servicios que brinda la CSS, personal de aseo, etc.
Los subsidios estatales 120 a los 65 y otros, son responsabilidad del gobierno, no de la CSS.
Presidente Mulino, los cotizantes somos los dueños de la CSS, no se apresure, ni sea obstinado, escuche al pueblo, no se lamentará. Por último: debemos regresar al Sistema Solidario con ajustes sobre la atención a los beneficiarios.
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