En ese mensaje, los exgobernantes llamaron la atención, precisa el informativo, que hace cuatro meses el propio Departamento de Estado evaluó “que ya no es apropiado” mantener a Cuba en la lista de estados que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo.
Entre otros argumentos señala que “Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación en materia de aplicación de la ley en 2023, incluida la lucha contra el terrorismo”.
Esa noticia la dio a conocer entonces el exjefe de Estado de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), quien además enunció que como consecuencia de esta clasificación, el pueblo antillano está sometido a medidas punitivas inhumanas, debido al obstáculo que esta denominación supone para el acceso a medicamentos, alimentos y a condiciones básicas de vida.
Sin embargo, denuncia El Periódico… ahora Duque se revela como autor intelectual de otro intento por agredir a La Habana y para ello se auxilia de personajes y exgobernantes de repudiable trayectoria como el exdiputado venezolano Juan Guaidó, autoproclamado de manera ilegal presidente del país suramericano entre 2019 y 2023.
A Guaidó, añade el medio de comunicación, lo acompañan la boliviana Jeanine Añez, quien de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores se convirtió en presidenta interina mediante un acto considerado anticonstitucional y por el cual ahora guardia prisión en la nación andino amazónica.
La carta de Duque, agrega el medio de comunicación, también es suscrita por la expresidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004), cuyo último acto de Gobierno, recuerda, fue indultar a los terroristas Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, condenados por atentar en noviembre de 2000 contra la seguridad colectiva en un plan para asesinar al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, en un acto público en el Paraninfo de la Universidad de Panamá.
Entre los firmantes de ese texto relaciona también al expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), sentenciado a dos años y ocho meses de prisión por difamación contra un banco propiedad del Estado o al exmandatario ecuatoriano Guillermo Lasso(2021-2023), sustituido en el Parlamento por malversación de fondos, entre otros de dudosa reputación.
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