El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por. Antonio Saldaña
El tratamiento político dado por el poder poĺitico a los más recientes hechos de corrupción pública (vacunación clandestina contra la COVID-19 y el acaparamiento indebido de 500 bolsas de comida del programa ‘Panamá Solidario’); demuestra, a todas luces, que el Estado panameño en su totalidad ha caído en manos de una pandilla de facinerosos que han utilizado la pandemia para «encerrar a los panameños decentes» y poder cometer impunemente sus fechorías y apoderarse de los bienes públicos. O, derivar el rumbo de la República, a lo que un comentarista de televisión describió como un ‘Estado delincuencial».
¿Cuál son las conductas delictivas que configuran indicios de delitos contra la Administración Pública? Por ejemplo, la «notitia criminis» (Reportaje publicado por un diario de la localidad), que la empresa haya ‘destituido’ a su gente y que la investigación esté a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, que la ‘teoría del caso’ haya sido proclamada desde los balcones áulicos, demuestra, sin lugar a dudas, la existencia de una conspiración oficial para ocultar el hecho punible y a las personas vinculadas al mismo.
Además, no se trata del primer escándalo de ‘supuesto, cohecho, el otrora «buen gobierno» -si, es que alguna vez lo fue- exhibe numerosas páginas oprobiosas de opacidad, ausencia de trasparencia y falta absoluta de rendición de cuentas, tras las cuales se oculta todo un ‘rosario’ de transgresiones a la Ley en la administración de los haberes públicos para beneficiar a actores privados ligados a la plutocracia gobernante. Fondos públicos que debieron ser administrados como «buen padre de familia» y, por el contrario han sido objeto de la truhanería institucionalizada.
Y, lo políticamente más obsceno, que dicha práctica gansteril de los actores gubernamentales se haya escenificado en medio de la pandemia que ha ocasionado más de 6 mil muertos, alrededor 200 mil desempleados y que los «cuentapropistas» de la fuerza laboral (PEA) hayan ascendido del 38% en el 2019 al 70% en el año 2021.
Por lo tanto, no se trata de errores poĺiticos, tampoco de impericia administrativa y, menos de ausencia de un plan económico; la cruda realidad es que en el timón de la República de Panamá se ha instaurado una «asociación ilícita para delinquir», que permea a todos los órganos e instituciones del Estado.
No es pues, con reformas o medidas cosméticas, como a estas alturas de la degradación política y moral de la «clase política», como se puede resolver el problema de la corrupción institucional; sino con un cambio profundo del modelo y de actores políticos. Ya no es posible corregir el latrocinio generalizado de la hacienda pública con la plutocracia neoliberal y corrupta gobernante. Es la hora de la lucha total por el poder, donde el país decente, la clase media profesional junto al pueblo llano; en el ejercicio legítimo de la democracia participativa -Referéndum, Constituyente, Referéndum- asuma la conducción del Estado para eregir un Estado Democrático Social de Derecho, esto es, una República de todos y para todos.
¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político.
