Denuncia No Permitida Y Vetada Por La Asamblea Nacional

Estaba en el gobierno Ricardo Martinelli y en la Asamblea Nacional no se le permitió a Julio Yao Villalaz proclamar esta denuncia al país, que ya en ese momento, hace 12 años atrás sufría de los desmanes mineros y lo que puede denominarse una segundo calvario de nuestro pueblo.

(28 De Enero De 2011)

Julio Yao Villalaz

 

–  JULIO YAO VILLALAZ, Fundador del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla.; ex presidente del Servicio Paz y Justicia en Panamá; Presidente Vitalicio y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP).

El Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá), bajo la presidencia latinoamericana del Premio Nobel de la Paz 2005, Adolfo Pérez Esquivel, ha luchado junto al Comité pro Cierre de Mina Petaquilla desde su fundación y ha conocido la problemática desde cuando Cáritas Panamá, bajo Héctor Endara, la tenía bajo su radar.

Hemos luchado junto a la Coordinadora Campesina por la Vida (antes “contra los embalses”) en sus batallas en defensa del campesinado.  También, junto a la Asociación Rey Quibián, representativa de más de mil indígenas Ngobe entre Nueva Lucha, Nuevo Sinaí, Río Palmilla y Chicheme, Distrito de Donoso.     Hemos realizado cientos de reuniones con las comunidades, las que nos han acarreado tres atentados en carretera a nuestra integridad física por parte de elementos asociados a la empresa.

El Comité pro Cierre de Petaquilla, las asociaciones citadas y la Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada, nos han facultado para rechazar el proyecto de reformas al código minero y exigir una moratoria lo suficientemente amplia que nos permita examinar algunos aspectos, como las regalías, las tasas y factores  administrativos; que nos aclare la responsabilidad que le cabe a la minería a cielo abierto en los efectos negativos del cambio climático; el impacto de dicha minería cuando se asienta en zonas tropicales como Panamá – de intensas precipitaciones pluviales, extraordinaria biodiversidad y riqueza hídrica; la tendencia mundial a prohibir tal minería; la prohibición creciente en la Unión Europea del uso del cianuro; el incumplimiento masivo de normas y obligaciones ambientales; el irrespeto a la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de quienes  los proyectos mineros en Panamá han hecho tabla rasa y han declarado — en Canadá por ejemplo — que dentro de sus concesiones no viven indígenas porque son áreas despobladas, ocultándole al gobierno canadiense sobre cómo se comportan sus empresas en Panamá.

Necesitamos examinar los efectos de la minería a cielo abierto; analizar las decisiones de los Distritos de Tonosí, Macaracas, Guararé, Soná, La Palma y otros de prohibir esa minería; por qué el resto de los municipios del país no se ha pronunciado sobre este tema; por qué no ha sido posible que el tema minero haya sido analizado en ninguna reunión provincial de coordinación.

Nos urge aclarar por qué Petaquilla Gold ha continuado ilegalmente sus operaciones si, desde 2004 por lo menos, carecía de Estudio de Impacto Ambiental; por qué han apelado con total éxito todas las medidas dictadas en su contra por la ANAM, entidad que los ha multado con un millón de Balboas y condenado a pagar gastos mínimos de mitigación; que les ha anulado su falsa consulta pública de diciembre de 2007; que les ha permitido continuar a condición de que Petaquilla Gold cumpliese con 30 requerimiento, de los cuales no ha cumplido ni uno solo.

¿Por qué no ha progresado ninguna de las demandas judiciales promovidas por Serpaj-Panamá?  ¿Por qué tienen amenazados a maestros y profesores en Coclesito por realizar actos en contra de las mineras?  ¿Es cierto que la escuela del lugar es financiada parcialmente por Petaquilla Gold, de la misma forma — como se dice — que algunos funcionarios de la provincia de Colón recibían o reciben prebendas de dicha empresa?

Precisa saber en qué condiciones Petaquilla Gold expropió y usurpó tierras y fincas a campesinos e indígenas, engañándolos acerca de las facultades que les otorga la concesión de 1997, amenazándolos de que les iría peor con el gobierno si no se retiraban ya de sus predios porque les iban a echar de ñapa a la policía, tal como había ocurrido con los Nasos, a quienes el gobierno desalojó a favor de Ganadera Bocas.   ¿A quiénes le traspasaron las tierras arrancadas a los campesinos e indígenas de Petaquilla?

Desde hace cuatro años los indígenas Merardo Morales y Martín Rodríguez esperan que Petaquilla Gold nos explique por qué les incendiaron sus ranchos en Agua Colorá y destruyeron otros ranchos a indígenas que huyeron aterrorizados y abandonaron sus viviendas, luego de lo cual los jefes y empleados de Petaquilla consumieron gallinas, cerdos, y productos agrícolas de los indígenas.

Fueron muchos los desmanes de los mineros contra las comunidades sin que ni la ANAM ni el gobierno hayan hecho nada para defenderlas.

Antes de la minera no había problemas de drogas, alcoholismo, desintegración familiar, violaciones a menores y Sida.  Ahora todo eso se da.   ¿Por qué la Universidad de Panamá bajo Gustavo García de Paredes no cumplió con la decisión unánime del Consejo General Universitario de ayudar a las comunidades de Petaquilla?  ¿Sera porque la minera le regaló 400 computadoras?

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos debe investigar si la minera cumple con los requisitos legales que exige la Constitución Política; si es cierto que las tinas no se construyeron en el sitio más adecuado y si su construcción adolece de defectos que explican la permanente contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Al sol de hoy, nadie ha realizado una gira médica a Petaquilla, a pesar de las inundaciones, derrames de las tinas de lixiviación y otras tragedias que han padecido sus moradores.

Necesitamos saber si Inmet Mining, la compañía canadiense madre de Minera Panamá, ha sido objeto de sanciones, multas y decisiones ambientales y judiciales en la Comunidad Europea, el Medio Oriente, Canadá, Estados Unidos o Latinoamérica, de manera que nos permita saber si la empresa merece ser autorizada para operar en Panamá.

Debemos cotejar el proyecto de reformas al código minero con nuestra Constitución Nacional, con el Derecho Internacional Ambiental, y con el sistema internacional de protección a los derechos humanos.

Y una última cuestión, señores diputados:

Uds. tienen la obligación de hacer cumplir nuestras leyes tanto a empresas como a gobiernos; de que ellas sirvan a nuestras necesidades y no para resolverles problemas financieros a las empresas.

Nuestras necesidades de inversión no están por encima de nuestros intereses nacionales y soberanía.

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