Las sesiones en la capitalina Universidad Tecnológica estuvieron precedidas por una concentración de integrantes de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, en apoyo a los representantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida.

También ante la postura del empresariado privado que estableció condiciones para participar en esta etapa de las negociaciones junto al Gobierno y frente a los colectivos, el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) emitió un comunicado de condena.

De acuerdo con ese texto, los principales gremios de hombres de negocios recurren a artilugios para rehuir el debate nacional, pese a haber reclamado antes ese espacio.

Se trata, precisa el mensaje de Frenadeso, de una demostración de la falta de voluntad de una clase prepotente, altanera, ignorante, transitista, rentista, coimera y corrupta, que evade las soluciones reales a los graves problemas del país.

Frenadeso denuncia, además, varios incumplimientos por parte del Ejecutivo de acuerdos adoptados en la primera fase de esas negociaciones iniciadas el 21 de julio último en la central provincia de Coclé.

En ese sentido, indican que todavía algunas farmacias no venden medicamentos subsidiados y todavía es incierta la asignación del 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación pública.

Condenan los altos precios de la energía eléctrica, los apagones y las medidas paramétricas que afectan a jubilados, en lugar de resolver la crisis de la Caja de Seguro Social, entre otros reclamos. Por su parte, uno de los voceros de los colectivos, Saúl Méndez, manifestó a Prensa Latina que la renuencia de los privados de asistir al diálogo de cara al pueblo muestra el alto grado de irresponsabilidad de ese sector.

El también secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, señaló que esas pláticas continuarán pese a la campaña de odio y engaño que impulsan los patronales contra el proceso en medios informativos, donde niegan espacios a las organizaciones sociales.

La antesala de la segunda etapa de esas pláticas se iniciaron este jueves bajo la conducción de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, y la participación como observadora de la Iglesia católica, pero sin los empresarios privados.

Para esta fase, unas 41 organizaciones, entre ellas grupos de indígenas, jubilados, afrodescendientes y activistas contra la corrupción, solicitaron su inclusión a la Arquidiócesis de Panamá y al arzobispo José Domingo Ulloa.

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