Juan Jované
Si solo viéramos las cosas con el prisma del Producto Interno Bruto (PIB), el cual no califica como un indicador de bienestar, se podría concluir que la recuperación económica de los efectos de la pandemia se habría completado. De acuerdo a las proyecciones de la CEPAL la economía panameña mostraría en el 2022 un crecimiento de 8.4%, mientras que según el último informe del Presidente de la República este crecimiento no sería inferior al 9.0%. De acuerdo a esto el PIB real del 2022 superaría en 2.6% o 2.9% al observado en el 2019.
El panorama resulta bastante diferente cuando lo analizamos desde el punto de vista del desempleo. El Presidente de la República en su Informe a la Nación del 2 de enero de 2023 afirmó que la tasa de desocupación es actualmente del 9.9%, cifra superior a la observada en el 2019 (7.1%) y, sobre todo, en el 2018 (6.0%).
Como lo han señalado varios comentaristas se debe agregar que, además de lo anterior, existe un problema con la calidad del empleo generado. Un indicador, aun cuando indirecto, de esto está dado por el tipo de contrato de trabajo inscritos en el MITRADEL. De acuerdo a los datos del INEC, el número de contratos por tiempo indefinido registrados en la sede central hasta octubre de 2022 fue inferior en 13.0% a los registrados en el 2021. En las regionales esta tasa también fue negativa, aun cuando bastante inferior (1.9%).
Es claro, entonces, que el estilo de crecimiento de la economía panameña post- Covid no ha sido capaz de resolver el grave problema de la precariedad laboral.
El problema no solo podría mantenerse, más bien parece que puede agravarse. Es así, por ejemplo, que de acuerdo al FMI la economía panameña solo crecerá en 4.4% en el 2023, mientras que la tasa de desocupación se elevará de 9.5% a 9.7%. La CEPAL pronostica una tasa de crecimiento de la economía relativamente inferior (4.2%). Recordemos que, de acuerdo, a las recientes declaraciones del presidente la tasa de desocupación se encuentra actualmente en 9.9%, por lo que la situación podría ser aún peor.
Todo esto se da, además, en un clima tanto internacional como local de alta incertidumbre, lo cual podría complicar los problemas de la economía panameña. Es así que el Banco Mundial en su Economic Prospect de enero de 2023 ha reducido su pronóstico de crecimiento global para este año a 1.7%, cifra muy inferior al nivel de 3.0% que proyectaba hace seis meses.
De acuerdo a este organismo: “dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso —como una inflación más alta de la prevista, aumentos abruptos de las tasas de interés para contenerla, el resurgimiento de la pandemia de covid‑19 o la intensificación de las tensiones geopolíticas— podría empujar a la economía mundial a la recesión»
A los factores de incertidumbre externa se deben sumar los impactos de algunos factores locales, tales como la presencia de un año prelectoral, junto a otros factores como son el creciente descontento de la población en relación a la carencia de empleos, los elementos de una posible inflación persistente (sobre todo si se elimina el subsidio a los combustibles) y la presencia de una corrupción evidente. No menos importantes son los temas de las pensiones de la CSS y el conflicto minero.
Dado los problemas de arrastre y los altos niveles de incertidumbre sería necesario que el gobierno presentara su estrategia frente a la problemática actual, con el fin de provocar un debate y encontrar una trayectoria que asegure el bien común de la población. La misma, desgraciadamente, no existe y la actual administración no muestra intención de formularla.
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