El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
En la actualidad el señor Mulino, que cada vez desarrolla más su estilo autoritario, ha redoblado sus esfuerzos destinados a imponer de una manera represiva el nefasto proyecto de Ley 163, el que de aprobarse desnaturalizará por completo la naturaleza solidaria de la CSS. Las razones del aprendiz de dictador son claras.
En primer lugar, el Artículo 65 del proyecto de Ley 163, le da la potestad a la dirección de la CSS de trasladar el manejo de los cuantiosos fondos de reserva de está institución al sector privado, tal como lo solicitó el CONEP en su documento titulado Los Tres Pilares. Se trata de la creación de un jugoso negocio de acumulación por desposesión, que permitirá a una o varias entidades administradoras de inversiones realizar enormes ganancias a costa de todos los asegurados. Lo peor del caso es que se han dado denuncias de que existe la posibilidad que este negocio caiga en manos de empresas en que familiares cercanos de algunos altos funcionarios del actual gobierno aparecen como directores. Frente a esta posible situación de conflicto de intereses, el señor Mulino simplemente calla.
Por otra parte, el mencionado Artículo 65 del Proyecto de Ley 163 permite que hasta el 90% de los fondos de la CSS, sean invertidos en el exterior. Esto, de concretarse, significaría que este bloque de ahorro nacional, producto del arduo trabajo de los asegurados, no estaría disponible para inversiones locales, que generen desarrollo sostenible y empleo decente para la población. Esto muestra plenamente el carácter antinacional y sumiso del gobierno del señor Mulino.
A esto se debe agregar, que el plan de Mulino, Chapman, Mon y Boyd Galindo, hace gala de su extremado bajo sentido de solidaridad hacia la población más vulnerable. Esto es claro al pretender que una pensión no contributiva de apenas B/. 144.0 mensuales resultaría suficiente para que el beneficiario y su familia logren satisfacer sus necesidades básicas. El colmo de esta situación es que el financiamiento realmente no lo tendrían que hacer los empresarios, sino la población. De acuerdo a los proponentes del proyecto de Ley 163, el financiamiento provendría de un incremento de tres puntos porcentuales de la cuota patronal, lo que omiten decir es que esos tres puntos porcentuales los empresarios lo entenderán como un incremento de costos, por lo que lo trasladarán al precio de los bienes y servicios.
Para asegurar que el negocio de trasladar los recursos de la CSS a los privados, el proyecto de reforma de la CSS, busca elevar en tres años la edad de jubilación, lo que les asegura que las personas tendrán que mantener por más tiempo sus fondos en la CSS y, de estar ocupados, pagando cuotas por más tiempo. Claramente se trata de un intento de maximizar el tamaño de los fondos que van a manejar, lo que les permitiría elevar sus ganancias.
Lo mismo ocurre con el modelo de cuentas individuales que se pretende instalar en la CSS, el que, al generar verdaderas pensiones de miseria, obligará a las personas a mantenerse más tiempo laborando y cotizando. Enmascarado en un supuesto modelo más eficiente está el deseo insaciable de obtener ganancias a costa de la población.
El problema es que el actual encargado del poder ejecutivo, está dispuesto a introducir estos cambios desde una posición autoritaria dictatorial, según la que el proyecto de Ley 163 “va porque va”. Esto significa que en nuestro país no solo está en juego la imposición de un nefasto modelo de pensiones, sino que también se encuentra en riesgo el funcionamiento de la democracia.
Oponerse a los planes de aprendiz de dictador es un deber patriótico de todos.
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