El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
El oligopolio, en el que tres empresas, Standard & Poor, Mody´s y Fitch Raiting, controlan más del 92.0% del mercado de las calificadoras y todas están al servicio del capital financiero.
Para entender con precisión la intención principal del reciente documento en que Fitch Rating califica a Panamá, es necesario entender la naturaleza esencial de las empresas calificadores de riesgo. Para comenzar se debe señalar que se trata de un negocio caracterizado por un elevado nivel de oligopolio, en el que tres empresas, Standard & Poor, Mody´s y Fitch Raiting, controlan más del 92.0% del mercado. Esto les da un enorme poder para influir en las decisiones vinculadas a los préstamos y las condiciones en que estos se otorgan, incluyendo la tasa de interés. Desde luego, ello les permite un elevado nivel de ganancias, que es, en última instancia, su razón de existencia.
Siendo el lucro la motivación básica de las empresas calificadoras de riesgo, se puede entender que las mismas no constituyen ni árbitros ni reguladores independientes. Por el contrario, las mismas en su búsqueda de beneficios han mostrado que están signadas por los conflictos de intereses. Es conocido, por ejemplo, que ellas jugaron un papel central en la generación de la crisis financiera de 2008, que dio paso a la llamada Gran Recesión. Estas empresas le dieron una alta calificación a los llamados productos estructurados, que estuvieron en el centro de dicha crisis. La razón es conocida: los que pagaron para que las calificadoras de riesgo le otorgaran esta alta calificación al conjunto de los productos estructurados tóxicos, fueron precisamente las empresas financieras que los emitieron.
No es, entonces, raro que un informe preparado en el 2021 para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haya concluido que las calificadoras de riesgo atentan contra los derechos humanos. Yufen Li, quien dirigió este informe, afirmó que refiriéndose a estas empresas que: “resulta más alarmante que las calificadoras no tengan en cuenta consideraciones de derechos humanos, con lo cual incrementan la volatilidad de los mercados financieros… Con esto aumentan el sufrimiento de la población”.
En este contexto es fácil entender el papel de las calificadoras de riesgo en el caso de los eufemísticamente llamados países en vías de desarrollo o emergentes. En este caso las mismas faltando a la verdad han calificado como buenas las acciones erróneas de aquellos gobiernos que siguen el credo neoliberal. Como lo afirma Patricia Rivas, un ejemplo paradigmático es el caso de Argentina durante el gobierno de Carlos Saúl Menen, cuando las calificadoras de riesgo daban señales de confianza, mientras que el país se precipitaba a la debacle. Por el contrario, donde aparecen medidas que consideran contrarias a las ganancias de las empresas transnacionales, las calificadoras utilizan su poder para defender los intereses de las mismas.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede entender mejor la reciente acción de calificación sobre Panamá de Fitch Rating. Es importante en esta dirección llamar la atención que el peso de la argumentación no apunta primariamente sobre las acciones fiscales del gobierno. La misma apunta hacia el cierre de la mina, que entienden no solo como un problema económico, sino también como el producto de un riesgo de gobernanza, provocado por las movilizaciones de la población de octubre y noviembre pasado. Para esto Fitch no repara en utilizar, lo que, a nuestro juicio, son las engañosas cifras generadas por Indesa, las que, entre otras cosas, no dan cuenta alguna de los costos ambientales de la actividad minera.
El mensaje de Fitch es claro y, desde luego contiene una amenaza que solo puede calificarse de chantaje: si el pueblo panameño no revierte su voluntad de cerrar la mina y no acepta el modelo extractivista minero el mismo será severamente castigado en su economía. Esto pese a que Panamá tiene la posibilidad de ser próspero sin minería.
Las calificadoras y especialmente Fitch, han hecho de todo para que, First Quantum Minerals ltd. continue con su tarea depredadora del medio ambiente, el saqueo y despojo de los recursos minerales del país, en una sospechosa acción turbia y celestina, de patrocinio y alcahuetería.
De hecho, Fitch mantiene la idea no solo que la mina sea reabierta, lo que, a su juicio, “requeriría que una nueva administración logre un cambio importante en el sentimiento popular y superar obstáculos legales como la aprobación de una moratoria minera recientemente promulgada”. Esto evidencia la naturaleza del chantaje. Ello llama la atención sobre la necesaria respuesta de los sectores nacionalistas y democráticos, que buscan un desarrollo con justicia social y pleno respeto de la Madre Tierra.
Fitch Raiting se retrata de cuerpo entero cuando no insiste en la necesidad vital de eliminar la práctica del sector privado de evadir impuestos, como un mecanismo de lo que esta empresa llama la “consolidación fiscal”. Es bueno recordar que la evasión fiscal del sector privado corporativo, alcanza a cerca del 11.6% del PIB (más de B/. 7,800.0 millones anuales). En cambio, censura el aumento al financiamiento de la educación oficial, además de alentar la llamada reforma paramétrica en el caso del programa de invalidez, vejez y muerte. Desde luego que para Fitch la evasión de los empresarios de las cuotas de la seguridad social no es un tema a tener en cuenta.
La tibia reacción del gobierno de turno, que en su complicidad con la transnacional no es capaz de defender la decisión de la población que optó por un Panamá libre de minería, el que, además, no ha sido capaz de establecer un plan de desarrollo integral cónsono con la decisión del pueblo soberano, solo muestra el carácter lacayo del mismo.
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