El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por Arturo Garrido Alexandrópulos
El Reportero del Agro – 16 de septiembre de 2024
El anuncio de la importación urgente de 60,000 quintales de arroz blanco de primera calidad no es solo una burda excusa para encubrir la ineficiencia de quienes dirigen esta entidad, sino que se erige como un grave atentado contra los principios establecidos en la Ley 49 de 16 de junio de 2017 y su reglamento Decreto Ejecutivo 132 de 2018, que determinan el rol crucial de las Cadenas Agroalimentarias en la gestión de contingentes por desabastecimiento.
El Artículo 17 de la Ley 49 de 2017 establece que las importaciones por desabastecimiento no son una decisión que debe tomarse al azar o de manera unilateral por un funcionario público, sino que debe seguir un proceso claro de transparencia y consenso dentro de la Cadena Agroalimentaria de Arroz. Sin embargo, este proceso ha sido ignorado flagrantemente, dejando fuera a los principales actores del sector, y se ha recurrido a una estrategia que parece más motivada por intereses particulares que por el bienestar nacional.
Resulta vergonzoso que el IMA pretenda justificar esta decisión bajo la premisa de garantizar el abastecimiento nacional, cuando es bien sabido que en el Artículo 35 de la Ley PADE, se prohíbe expresamente el uso de las instalaciones del Estado, como las del IMA, para el almacenamiento de productos extranjeros, salvo en casos justificados bajo la más estricta normativa. Esta importación no solo atenta contra los productores locales, sino que también es un golpe a la confianza que los ciudadanos han depositado en las instituciones que deben velar por la seguridad alimentaria.
La fecha de 11 de septiembre de 2024 será recordada como el día en que el IMA optó por actuar en contra de la producción nacional, justificándose en una «escasez de reservas» que no se ha manejado con la transparencia y responsabilidad que exige la situación. Este es el resultado de años de mala planificación, negligencia e incompetencia en la gestión de los inventarios de arroz. Lo que es aún más preocupante es que esta situación se da en medio de la cosecha local, un momento crucial para el fortalecimiento del sector.
El presidente José Raúl Mulino, durante su campaña en Tierras Altas, prometió que respaldaría la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), creada bajo la Ley 352 de 2023, para garantizar la soberanía alimentaria y promover el desarrollo del agro panameño. Sin embargo, decisiones como esta van en la dirección contraria, debilitando la producción nacional y desmantelando la confianza de los productores en las políticas estatales.
Es indispensable que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tome cartas en el asunto y detenga este tipo de medidas que, claramente, no se ajustan al marco legal establecido en la Ley 352 de 2023 ni en la Ley 49 de 2017. Se hace imperativo que las decisiones sobre contingentes por desabastecimiento sean recomendadas por la Cadena Agroalimentaria de Arroz, como lo exige la legislación vigente.
El pueblo panameño tiene derecho a exigir claridad y responsabilidad de sus instituciones. No se puede seguir permitiendo que la seguridad alimentaria del país sea manipulada por decisiones mal fundamentadas que benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría. La soberanía alimentaria de Panamá está en juego, y es necesario que quienes estén al frente de nuestras instituciones actúen con el compromiso y la responsabilidad que su cargo demanda.
Panamá no puede permitirse perder su capacidad de producir alimentos para su población, y menos aún, confiar en un sistema que no protege ni valora a sus productores.
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