FISCALES CORRUPTOS, QUE CORTA POR MITAD LA LIBERTAD.
Por: Dr. José R. Acevedo C.
El crimen o delito de odio se tipifica en los Códigos Penales, para dar tutela punitiva a las víctimas de conductas realizadas por otros sujetos activos, que sin estar respaldados en causas de antijuricidad o de no culpabilidad, por el simple motivo de intolerancia hacia otro, le agrede o insulta verbalmente o por escrito, físicamente, psíquicamente, le discrimina, humilla, le segrega más cuando tiene poder, le persigue sin por sus creencias religiosas o políticas, raza, color de piel o por su identidad de género.Quien odia a otro por estas causas, también utiliza la violencia y la intimidación. Los actos más graves concluyen en homicidio de los más atroces, quemados, ahorcados, golpeados en grupos, palizas insólitas y aberrantes, humillaciones públicas y demás actos o conductas censurables.
Este tipo penal diseñado para proteger a las víctimas, en las dictaduras latinoamericanas, está siendo utilizado por estas y sus esbirros jueces y fiscales, para revictimizar a la persona cuyo bien jurídico se le tutela mediante el derecho penal, que no es otro que la dignidad por el solo hecho de ser un humano, la que abarca o cobija la vida, la libertad y la salud física y síquica, entre otros derechos.
En países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, los regímenes utilizan el denominado delito de odio, para perseguir y suprimir la libertad ambulatoria y de pensamiento de los adversarios políticos.
Le han dado un siniestro enfoque al delito. Lo tergiversan de acuerdo a sus intereses personales, mutaron su naturaleza tuteladora hacia los débiles, entendidos como aquellos que no ejercen el poder político o quienes piden un cambio de rumbo político, e intentan convencer que son ellos las víctimas, siendo propiamente los perseguidores y quienes incitan, conducen o practican el odio.
Cuando se es capaz de meter a prisión a otro, inventándole delito y sembrándole pruebas, esa persona no tiene límite alguno que le impide ejecutar conductas más graves. Lo más indignante es el hecho que personas que han hecho un juramento de defender el derecho, sean sus propios verdugos e incapaces de resistir a la tentación de ser injustos y actuar al margen de la legalidad.
Toda esta situación que denigra la profesión de abogado, transita y se expresa en los círculos dantescos de mayor reproche. Estos jueces y fiscales, brazo miliciano del poder político, son plenamente conscientes qué al enviar a una persona a prisión, no solo lo están privando de su libertad, conocen también que serán torturados e incluso algunos asesinados.
Sin duda el peor criminal no es precisamente el adversario político o quien da las órdenes políticas, lo son quienes las ejecutan sabiendo que actúan al margen de la ley. Ellos son doblemente culpables. Culpables por prestarse a la ilegalidad, ya que no están amenazados, sino porque piensan en sus salarios y culpables, porque conocen las consecuencias que sufrirán esos inocentes.
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