El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Desde que se disolvió la Unión Soviética, Occidente ha venido utilizando los tribunales internacionales y la justicia estadounidense para imponer su ley. Las potencias occidentales imponen condenas a quienes las desafían pero nunca juzgan a sus propios criminales. Esa forma de “justicia” se ha convertido en el ejemplo absoluto de su política de doble rasero.
Pero el debilitamiento de la dominación occidental desde la victoria de Rusia en Siria, y sobre todo ahora, con el conflicto en Ucrania, comienza a tener serias repercusiones sobre ese sistema.
El fin de la dominación de Occidente comenzó en 2016
El 5 de mayo de 2016, el presidente Vladimir Putin proclamaba la victoria de la civilización sobre la barbarie, o sea la victoria de Siria y Rusia sobre los yihadistas armados y respaldados por Occidente. Se organizó entonces un concierto en la ciudad siria de Palmira, en las ruinas de la antigua ciudad donde la reina Zenobia había logrado que todas las religiones convivieran en paz y armonía. Simbólicamente, aquel concierto de la orquesta del teatro Mariinski, de San Petersburgo, se llamó “Plegaria por la Paz” y el presidente Putin se dirigió a los presentes por videoconferencia.
Los pueblos occidentales no entendieron aquello porque no tenían conciencia de que los yihadistas eran sólo títeres de los servicios secretos de Occidente. Sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre de 2021, los pueblos occidentales veían a los yihadistas como enemigos y no entendían porqué los crímenes del yihadismo terrorista en Occidente no tenían la misma envergadura que los que cometían en el resto del mundo. Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre –atribuidos, contra toda lógica, a los yihadistas– dejaron un saldo de 2 977 muertos, pero el Emirato Islámico (Daesh), también llamado “Estado Islámico” o ISIS, ya había asesinado a cientos de miles de árabes y africanos.
El fin de la instrumentalización de la Justicia Internacional
El clima alrededor del proceso iniciado en La Haya, en 2011, contra un dirigente africano derrocado por Occidente cambió radicalmente después del concierto de Palmira. Recordemos brevemente los hechos.
En el año 2000, Laurent Gbagbo era electo presidente en Costa de Marfil. Gbagbo, que era entonces el candidato de Estados Unidos, instauró inicialmente un régimen autoritario que favorecá a ciertas etnias en detrimento de otras. Pero, Gbagbo decidió después ponerse al servicio de su país. A partir de ese momento, Estados Unidos y Francia instigan una rebelión contra Gbagbo sobre la base de errores que le habían llevado a cometer. Finalmente, después de una intervención de la ONU, el ejército francés derroca al presidente Gbagbo, en 2011, y pone en el poder a Alassane Ouattara, un amigo personal del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy. El derrocado presidente Gbagbo es arrestado y puesto a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI) para ser juzgado por “genocidio”. Pero ese órgano, nunca logró demostrar los “crímenes” atribuidos a Gbagbo y acabó absolviéndolo, en 2019, veredicto ratificado en 2020. Desde entonces, la presencia francesa en África ha venido apagándose inexorablemente.
Contrariamente a lo que querían sus fundadores, la Corte Penal Internacional se había convertido en un instrumento de dominación que sólo condenaba a los nacionalistas africanos. Ese órgano no ha investigado nunca los crímenes de los presidentes de Estados Unidos, de los primeros ministros británicos ni de los presidentes de Francia. Su parcialidad al servicio del imperialismo se hizo todavía más evidente cuando su fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, mintió descaradamente al declarar que tenía detenido al hijo de Muammar el Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi. El único objetivo de aquella falacia era lograr que los libios renunciaran a la resistencia contra la guerra ilegal de la OTAN.
El inicio de una justicia internacional equitativa, justa e igual para todos
Muy recientemente, el 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal interno de las Naciones Unidas, que se pronuncie sobre la legalidad de la ocupación israelí en Palestina. En ese voto se vio un cambio espectacular de posición de la mayoría de los Estados ante una ocupación que se mantiene desde hace… 75 años. Y el único veredicto lógico de la CIJ es que ese órgano, que se consagra a impartir justicia entre los Estados, acabe condenando la ocupación israelí, lo cual obligará los 195 Estados miembros de la ONU a revisar sus políticas sobre la cuestión palestina.
Los Estados occidentales ahora pretenden crear un nuevo tribunal… porque los tribunales que ya existen ya no se pliegan a sus intereses. Los promotores de esa nueva estructura pretenden «condenar a Vladimir Putin por los crímenes rusos en Ucrania».
Pero en realidad se trata de hacer olvidar la responsabilidad de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés François Hollande, quienes firmaron los Acuerdos de Minsk como garantes de su aplicación pero sIn tener la menor intención de actuar para ponerlos en práctica… lo cual se tradujo en la muerte de 20 000 ucranianos. También se trata de negar el hecho que fue en virtud de la «responsabilidad de proteger» que el presidente ruso Vladimir Putin intervino militarmente en Ucrania para aplicar aquellos Acuerdos, que cuentan además con el aval de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU.
En toda operación militar siempre hay víctimas, gente que a menudo muere injustamente. Eso es característico de todas las guerras y es lo que diferencia a las guerras de las operaciones policiales. El problema no es juzgar a quienes hacen la guerra sino evitar que sea necesario recurrir a ella. El objetivo de la justicia internacional no es castigar a quienes se ven obligados a tomar las armas y a matar para defender su patria sino castigar a quienes provocan conflictos de forma artificial y a quienes matan sin razón.
La instrumentalización de la Justicia occidental alcanza su límite
Estados Unidos y la Unión Europea han inventado una extraterritorialidad de sus leyes. En total contradicción con la Carta de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea violan la soberanía de los demás Estados al tratar de obligarlos a aplicar el derecho estadounidense y el derecho europeo.
Desde 1942, Estados Unidos ha venido adoptando un número impresionante de leyes extraterritoriales, como la Trading with the Enemy Act (1942), la Foreign Corrupt Practices Act (1977), la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (la llamada ley Helms-Burton, adoptada en 1996), la Iran and Libya Sanctions Act (la llamada ley Amato-Kennedy, de 1996), la USA PATRIOT Act (2001), la Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act (llamada ley Sarbanes-Oxley o SarbOx, de 2002), la Foreign Account Tax Compliance Act (también llamada FACTA, en 2010) y la CLOUD Act (2018).
En todo ese dispositivo se conjugan permanente las acciones de la “justicia” estadounidense y las de los servicios secretos de Estados Unidos. Al extremo que el contraespionaje francés (DGSI) señala:
«La extraterritorialidad se traduce en una gran variedad de leyes y mecanismos jurídicos que confieren a las autoridades estadounidenses la capacidad de someter empresas extranjeras a sus estándares así como de captar sus habilidades, de entorpecer los esfuerzos de desarrollo de los competidores de las empresas estadounidense, de controlar o vigilar empresas extranjeras que molestan o que son objeto de interés para, de esa manera, generar importantes ingresos financieros» [1].
Ese dispositivo fuerza las empresas extranjeras que trabajan en Estados Unidos, o que utilizan dólares estadounidenses, a plegarse a las políticas de Washington. Además, ese sistema “legaliza” la guerra económica, aplicando el engañoso calificativo de «sanciones» a disposiciones que violan la Carta de la ONU ya que no cuentan con el aval del Consejo de Seguridad. Ese dispositivo es capaz, por ejemplo, de aislar totalmente a un Estado y de imponer el hambre a su población, como sucedió en Irak –bajo la administración Clinton– y como hoy sucede con Siria –bajo la administración Biden.
En este momento, siguiendo el “ejemplo” de Estados Unidos, la Unión Europea está dotándose de sus propias leyes extraterritoriales. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, también llamado el Tribunal de Luxemburgo) llegó emitir un veredicto de culpabilidad contra la casa matriz de un buscador español de internet, con sede fuera de Europa, porque su filial “violaba” las leyes europeas.
Pero ese modelo occidental también está cayéndose a pedazos. La guerra económica que Occidente ha desatado contra Irán, durante la agresión occidental contra Siria por medio del terrorismo yihadista, guerra económica que ahora también apunta contra Rusia desde que Moscú inició sus acciones para imponer la aplicación de la resolución 2202 en Ucrania, se ha extendido tanto que Occidente ya es incapaz de sostenerla.
Los buques cisterna de muchos países ya no vacilan en cargar petróleo iraní o ruso en alta mar. El mundo entero lo sabe, pero Occidente finge no saberlo. El Pentágono incluso ha llegado a hundir algunos de esos buques en aguas del Mediterráneo, frente al litoral sirio, pero no se atreve a hacerlo frente a las costas de la Unión Europea, después de haber saboteado los gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2. ¿Por qué? Porque quienes “violan” allí las mal llamadas “sanciones” ya no son los “enemigos” de Washington sino sus propios “aliados”.
Por desgracia, esas guerras económicas sólo se hacen impopulares en Occidente cuando son los mismos occidentales quienes comienzan a pagar por ellas un precio insostenible.
