La dignidad del país demanda la restitución del Ferrocarril a su dueño legítimo
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
La seguridad jurídica es clamada por sectores empresariales cuando es un artículo de su conveniencia. No obstante, cuando no hay observancia de tal condición, pero le es de su provecho, guardan silencio cómplice y además del mutismo digno de exposición, la hipocresía reluce como una de las características de los que medran desde la oscuridad y la opacidad.
El contrato Leonino No. 70 De Veintidós (22) De Enero De 1998, Aprobado Mediante Ley No. 15 De 17 De Febrero De 1998, Celebrado Entre La Sociedad Panamá Canal Railway Company Y La Autoridad Portuaria Nacional, Hoy Autoridad Marítima De Panamá representando a la república de Panamá, que otorgó el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y que empezó a regir el 10 de febrero de 1998, de él, la república de Panamá solo recibió 55 millones dólares durante 25 años, hasta el 10 de febrero de 2023, pero tuvo que devolver al ferrocarril en un solo pago, por una demanda de deslinde en la que El estado panameño tuvo que pagar sin a esa empresa sin haber recibido un solo real, lo que significa que al término de 25 años de usufructo de la concesión, las migajas que hemos recibido ni siquiera compensan lo que tuvimos que pagar en aquel tiempo y hoy el valor de ese dinero es mucho más del doble de la suma de lo que hemos recibido en cuotas anuales, lo que representa un pésimo negocio para la república de Panamá.
Cuando se firmó el contrato N° 70, las condiciones y circunstancias eran absolutamente diferentes a las de hoy día. En aquel momento el manejo de carga contenerizada era de un poco más de 600 mil contenedores anuales, hoy día la cantidad de contenedores sobrepasa los once millones de unidades. Ello llevó a la empresa a hacer una inversión adicional en el ferrocarril, pero la motivación se entiende como un gran negocio para la empresa porque de manejar muy pocos contenedores maneja ahora el tránsito que representa cerca de 250 millones de dólares anuales que solo y exclusivamente recibe la empresa y la república de Panamá se queda viendo pasar esa prosperidad que no se comparte.
Es extremadamente sospechoso que se haya urdido en la clandestinidad la prórroga del contrato, que debió estar sujeto a un control por parte de la Asamblea Nacional y haber puesto a salvo los intereses de la república. Así mismo, la falta de transparencia evito el necesario escrutinio público de la negociación y su nefasto resultado. Sin embargo, lo más grave aún es que, la resolución que aprobó La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, pudiera legislar y decretar por medio de la Resolución J.D. N° 008-2023 de jueves 09 de febrero de 2023, la prorroga del Contrato de Concesión del Ferrocarril, que fue creado a la vida jurídica del Estado panameño mediante Ley No. 15 De 17 De Febrero De 1998, Celebrado Entre La Sociedad Panamá Canal Railway Company Y La Autoridad Portuaria Nacional, Hoy Autoridad Marítima De Panamá representando a la república de Panamá, y que no tuviera en cuenta renegociar la concesión y en ello, la defensa de los intereses nacionales, no solo por una participación justa en las ganancias, si que Panamá tiene impedimento por 25 años más, de decidir hasta febrero 10 del 2050, la construcción de otra línea férrea, tomando en cuenta que la república de Panamá debe y tienen que abordar la construcción de otra línea del tren que una los dos océanos y contribuya con el Canal a la competitividad de las tareas de transporte y logística que la república de Panamá ofrece al mundo en el concepto de transporte multimodal y especialmente estar preparados para cuando tenemos dificultades con el agua en el Canal, hecho que ya lo hemos vivido y que quedamos sin alternativa en el mediano plazo.
Pero lo más grave es que desde hace casi dos años en que se firmó esa resolución, la misma para que tuviera los efectos jurídicos y perfeccionar el acto administrativo requería ser publicada en la Gaceta Oficial, pero es el caso que la compañía concesionaria del Ferrocarril, Panamá Canal Railway Company actuó durante todo ese tiempo, hasta el día de ayer miércoles 18 de septiembre al margen de la Ley, explotando el negocio sin marco jurídico alguno, porque ayer fue cuando salió publicada en la Gaceta Oficial N°. 30121 de miércoles 18 de septiembre de 2024, la resolución de marras, lo cual configura la causal para suficiente para revocar de inmediato, a la luz del derecho y del respeto a la legalidad, (Seguridad jurídica) y su grave actuación antijurídica, y como quiera que el país requiere en estos momentos de recabar sus propios bienes para atender todos los males que enfrentamos, incluyendo hasta los de la CSS, insto al gobierno nacional que, actúe como amor patrio, celo y en el marco del absoluto respeto a la legalidad y proceda en consecuencia y por tanto el estado Recupere el Ferrocarril y desarrolle dos alternativas , manejarlo propiamente o someter su concesión a una nueva licitación pública donde queden a salvo los interés más caros del país, porque lo que ha existido es un despojo de nuestro patrimonio que es insostenible.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
