El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Las recientes declaraciones de la calificadora de riesgo Fitch Ratings le han quitado definitivamente la careta al actual gobierno, evidenciando el motivo que el mismo tiene para entregar la soberanía, la integridad ambiental del país y el bienestar de la población actual y futura. Se trata exclusivamente de satisfacer los intereses del capital financiero internacional.
En dichas declaraciones, en las que se anuncia que, desde el punto de vista de los acreedores del país, las perspectivas fiscales de Panamá se han reducido de estables a negativas; entre los aspectos que se destacan para este cambio de posición se menciona el problema de la resistencia de la población a la aprobación del contrato minero.
En el comunicado de Fitch no solo se aclara que el gobierno de turno precisa de obtener en este año y el próximo regalías del contrato minero por B/. 770.0 millones, lo que le ayudaría a cumplir con sus compromisos, incluyendo el pago de la deuda externa, manteniendo los parámetros fiscales exigidos por los organismos financieros internacionales, así como por el capital financiero transnacional. También señala Fitch que es poco probable que esto se logre, debido a la oposición popular.
Es, entonces, claro que la reciente maniobra del gobierno que, de manera ilegal, busca permitir que el gobierno maquille levemente el contrato, para luego aprobarlo en la asamblea evitando la consulta ciudadana, es un acto de desesperación y de desprecio a la población y al ambiente, con el fin de cumplir con los dictámenes de los acreedores internacionales, es decir del capital financiero transnacional. No queda duda que se trata de un gobierno que cada vez más se acerca a la represión abierta para cumplir con su nefasto objetivo.
El comunicado de Fitch Raiting también deja claro cual sería la trayectoria de la política económica que se impulsará en el país sea quien sea el que gane el próximo torneo electoral, en el que no existe ninguna posición nacional, democrática, equitativa y que respete el medio ambiente, que pueda ser calificada de viable.
En el caso de la seguridad social, la calificador Fitch no solo asegura que existe un retraso en la reforma que, a su juicio, debe darse sobre el subsistema solidario de pensiones de la Caja de Seguro Social. Su recomendación es la adopción de “múltiples modificaciones paramétricas”, es decir aumento de la edad de jubilación, incremento de la cuota , elevación de la llamada densidad (los años de cotización), y la reducción del monto de las pensiones (tasa de reposición). Se trata de sacrificar descaradamente a la población asegurada con el fin de cubrir los problemas generados por los sectores económicamente dominantes y por el gobierno de Martín Torrijos, con el diseño y aprobación de la Ley 51 del 27 de Dicembre de 2005.
Para complementar lo anterior, la calificadora Fitch Raiting prácticamente ordena que el país debe reducir los niveles de subsidios. Claro está que no se refiere a los subsidios que benefician a las empresas, se trata de aquellos que benefician a la población.
Es importante volver a recordar que la lucha contra el contrato minero debe entenderse como una cruzada por la defensa de la soberanía y la integridad de la Madre Naturaleza, así como un batalla que debe llevar a detener el avance del proyecto de entrega del futuro de nuestro país.
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