El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Juan Jované
Las últimas actuaciones del actual gobierno tanto en el plano económico como en el ecológico muestran, sin lugar a dudas, la naturaleza antipopular y antinacional del mismo. Esto se observa claramente en la forma en que ha propuesto el ajuste fiscal, como en las declaraciones sobre el cierre de la mina de Minera Panamá S. A.
Si bien es cierto que el proyecto original de presupuesto del Estado mostraba importantes desajustes, en el que se suponía que éste sería viable debido a que se daría una subejecución de gastos por B/. 4,092. 0 millones, lo cierto es que se pretende ajustar afectando solo a la población, sobre todo la más vulnerable.
El ajuste sería de B/.2,064.0 millones, con lo que el presupuesto final sería de B/. 30,690.0 millones. Esta propuesta merece varios comentarios.
En primer lugar, se trata de un ajuste que solo intenta balancear los ingresos y los gastos reduciendo estos últimos. Desde luego, esto no parece ser lo correcto en las condiciones de la muy elevada evasión de impuestos por parte del sector corporativo. Según las últimas cifras publicadas por la DGI, las que corresponden al 2021, la evasión fiscal del sector corporativo alcanzó ese año a B/.7,838.6 millones, cifra equivalente al 11.6% del PIB. En este caso lo que queda claro es que el ajuste del MEF simplemente decidió no tocar la corrupción corporativa que significa la evasión fiscal.
En relación al peso del servicio de la deuda, la misma significa, de acuerdo al proyecto de modificación del MEF, un egreso de B/.5,577.3 millones, es decir el 18.8% del total del gasto, cifra que supera al porcentaje contenido en el proyecto original (17.5%). Este tipo de situación se da por el creciente endeudamiento del país, producto de los déficits fiscales, los cuales guardan relación con la baja recaudación, resultado en gran medida de la evasión fiscal del sector corporativo. Solo en el quinquenio 2017 – 2021 el total de la evasión fiscal del sector corporativo fue de B/.35,166.7 millones, cifra equivalente al 74.2% de la deuda pública total del último de dichos años. Lo cual demuestra que los problemas fiscales del país guardan relación directa con la irresponsabilidad tanto de los gobiernos de turno, incluyendo el actual, como de la empresa privada. Sin embargo, ahora se busca cargar el costo del ajuste sobre la población.
Es importante destacar a este respecto, que los aportes al gobierno central, provenientes de la operación del Canal, se han venido utilizando para cubrir en parte la corrupción que implica la evasión fiscal por parte de la empresa privada y el clientelismo, que es la otra forma de evasión. Los B/.2,544.5 millones recientemente aportados al fisco por la ACP seguramente tendrán la misma suerte.
En segundo lugar, si se analiza, a la luz de lo anterior, los recortes al gasto público lo primero que llama la atención es que la mayor parte de los mismos recaen sobre las inversiones, las que se reducen en B/.1,537.7 millones, explicando el 74.6% del ajuste. Es aquí donde la población empieza a pagar un desajuste del que no es responsable, ya que esto representará, de una u otra forma, menos actividad económica, así como menos infraestructura social y económica.
Sobre la eliminación de subsidios, vale la pena hacer una aclaración. Es evidente que, dado que los mismos se han venido utilizando para el clientelismo político, estamos frente a una situación que necesita ser corregida. Sin embargo, esto no conlleva a abandonar a los sectores más vulnerables, a la que el estilo de desarrollo transitista no ha logrado dar una respuesta. Las acciones del MEF, que carecen de un sentido de solidaridad y que es incapaz de enfrentar los abusos fiscales de los sectores económicamente dominantes, simplemente trasladan el costo del ajuste a la población. En esto se incluye la idea de la focalización de los beneficios, que seguramente afectarán a los sectores medios (tarifa eléctrica). Por cierto, que los subsidios a la empresa privada ni se mencionan.
Las reciente declaraciones del Ministro de Comercio e Industrias, muestran el desprecio del actual gobierno por los intereses nacionales. De acuerdo a este funcionario dado que la mina de cobre debe cerrar sin completar su ciclo de explotación, no queda claro quien debe pagar el costo del cierre que, de acuerdo al mismo, asciende a B/.800.0 millones. En las palabras del Ministro: “Este no es el caso porque estamos ante un cierre inmediato, producto de una decisión judicial. En este caso parte de los análisis que estamos haciendo para determinar esa viabilidad: ¿Quién paga el costo del plan de cierre?”
Es insólito pensar que Panamá tenga que pagar por el cierre de una mina que ha venido lucrando a costa de nuestro país y de nuestro ambiente, sin ninguna base legal. Con esa posición no se defienden los intereses nacionales. Se trata de negar la expresa voluntad de la población: PANAMÁ VALE MAS SIN MINERIA : EL ORO DE PANAMA ES VERDE.
A final de cuentas nos encontramos frente a un gobierno que no da pie con bola, simplemente porque no tiene ningún interés en preservar y promover el bienestar social y el respeto a la naturaleza. Es la hora de redoblar la lucha social por defender la Nación Panameña.
10 Hay varios Likes:) Gracias...
