El leonino contrato del Ferrocarril de Panamá.|

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

El Ferrocarril es parte del Sistema integral de puertos y el Canal que el Estado debe administrar privativamente para el beneficio de todos los panameños y no sólo de unos cuantos avivatos. 

En el año 1981, hace 41 años, dirigí una brigada de la Federación de Estudiantes de Panamá, que hicimos un recorrido por la línea del Ferrocarril y cruzamos de la ciudad de Panamá hasta Colón. En ese Trayecto hicimos un campamento en Frijoles, varios kilómetros al norte de Gamboa y donde llegaban muchos científicos que desarrollaban estudios científicos en la isla de Barro Colorado. Allí, en ese lugar, vivía un obrero del Canal que era patriota, es decir, de los nuestros. El propósito de esa jornada era un reconocimiento de toda la línea férrea con el objetivo de prepararnos para que Estados Unidos de Norteamérica, cumpliera al pie de la letra con lo que se había firmado en los tratados del Canal de 1977, y además por el valor histórico del ferrocarril en la vida de Panamá que fue la primera vía férrea que unía los dos grandes océanos, desde 1855.

Cuando Estados Unidos de Norteamérica tomó control del Ferrocarril de Panamá en 1903, los estableció como parte integrante de la Zona del Canal y de la actividad de trasiego de carga y pasajeros de Panamá a Colón, es decir como parte fundamental e indivisible de la actividad logística del Canal. No obstante, a finales de la década de noventa, el gobierno privatista en ejercicio segregó el ferrocarril y previo a esta acción se impidió que se modernizara el ferrocarril para lo cual habían planes que, se sabotearon deliberadamente y luego se benefició a una empresa y a un número reducido de privilegiados panameños que han medrado perversamente con la lucha del pueblo panameño durante estos casi 25 años de concesión.

En el año 1998 el ferrocarril de Panamá se le concesionó a la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC. En ese contrato que pronto cumplirá 25 años de existencia, Panamá empezó perdiendo hasta el modo de caminar porque la compañía reclamó un traslape que se había cometido en Colón con los terrenos de los puertos de Cristóbal y Coco Solo, responsabilidad de la Autoridad Portuaria de esa época, además de un crédito de cuarenta millones de balboas que conforme el contrato se le otorgó a la empresa para que con nuestro dinero hiciera una serie de rellenos e inversiones.

En ese entonces la carga por contenedores que se manejaba en los puertos panameños era de sólo 600 mil contenedores al año. Hoy se manejan más de 10 millones de contenedores anuales.

El negocio para la compañía ha sido de extraordinaria maravilla, sin embargo, para Panamá ha sido similar a la historia del calvario de un pueblo.

Lo que era un recurso que quienes tenía el poder del Estado, nunca quisieron potenciar, ahora significa altas utilidades a la empresa, pero los que vivimos dentro del área revertida, perdimos el derecho de uso de la Avenida Gaillard, Diablo Road, que comunicaba Balboa con Alto de Jesús o Diablo Heights y Cárdenas. El Estado tuvo que construir a su costo, la carretera alterna que va contigua al aeropuerto de Albrook y la rotonda, y Los Ríos. Se perdieron los 11 campos de juego de Balboa, sólo para mencionar algunos casos insólitos de la concesión en los que el Estado entregó a la empresa sin recibir beneficio alguno.

En ese contrato leonino, el Estado, en una clara autofagia, se amputa la posibilidad de construir otra línea férrea por la duración del contrato que termina en febrero del 2023. En la actualidad la república de Costa Rica desarrolla un Canal seco constitutivo de un viaducto y líneas de tren que pretende competir con Panamá, lo mismo hace México y como el contrato nos limita como Estado, no podemos hacerle frente a este desafío, siendo que deberíamos desarrollar otra línea férrea por el lado oeste del Canal que comunique a la Zona Panamá Pacífico con Zona Libre y los puertos de Colón y entonces tendría sentido construir un puerto en el área de Farfán y Palo Seco tal como recomendaron los expertos originalmente y no como caprichosamente otros avivatos quieren imponernos el puerto de Corozal. El proyecto tico costaría arriba de cinco mil millones de balboas para un recorrido de cerca de trescientos kilómetros, mientras que en Panamá solo se trata de menos de 80 kilómetros.

Panamá tiene el deber de estar a la altura de su responsabilidad histórica y utilizar todo el potencial de servicios que tenemos y poner esos recursos a disposición de la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño, quien es el dueño legítimo de esos bienes y fue además el que dio la sangre de sus mejores hijos por la recuperación de ese patrimonio.

Hace falta un año para la finalización de esa concesión leonina y ya es hora de que empecemos a prepararnos para recuperar dinámicamente al ferrocarril y los puertos y ponerlos al servicio de los panameños con alta eficiencia, así como lo hace el Estado de Singapur o lo hace China y lo hizo USA mientras tuvieron el control de la explotación del Canal de Panamá en el siglo pasado.

Hasta ahora, esos puertos y el ferrocarril, han estado exonerados de impuestos, y no aportan al desarrollo del país lo que debieran y los beneficios solo caminan por una sola dirección que no es precisamente, el pueblo panameño.

¡Así de sencilla es la cosa!

 

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