Juan Jované
Tal como se había advertido en otros artículos, el objetivo del actual gobierno se inscribe dentro de una política de choque, que intenta actuar con velocidad, sin ninguna gradualidad y sin diálogo social, para reformar el sistema de pensiones de la CSS. Los objetivos del gobierno, que está plenamente dominado por la cúpula empresarial son claros: cargar el costo de la reforma sobre los hombros de los asegurados; generar medidas paramétricas, con efecto hacia adelante e impactos retroactivos; trasladar la mayor parte de los asegurados a las cuentas individuales y permitir el manejo de las mismas por el sector privado.
Es urgente entender que el plan del gobierno – Conep, ha dado su primer paso, lo cual se evidencia en noticia aparecida en La Estrella versión digital el 8 de agosto, en la que Ismael Gordon G. informa que: “Mulino convoca a líderes políticos para abordar crisis del programa IVM de la CSS”. La noticia aclara que se trata de una invitación a los presidentes de los partidos políticos. Obviamente se trata de un primer paso para cuadrar a toda la partidocracia detrás del proyecto gobierno – Conep. No es casualidad que ese mismo día el Ejecutivo designe a un nuevo director de la CSS, que necesariamente responderá a los intereses del Conep, el cual aparecerá ungido por un acuerdo político entre los diversos componentes de la partidocracia
Luego, lógicamente se realizará una especie de ceremonia en la que una reunión entre la cúpula empresarial y el Ejecutivo, aplaudirá al consenso de la partidocracia. De ahí, probablemente, sin que se de un diálogo efectivo, se informará a los trabajadores y pensionados, sobre el contenido del mismo. Esto abrirá el camino para que, en la Asamblea Nacional, con la mayoría del aval de los partidos políticos, se apruebe la Ley que le de paso a las reformas anti – solidaridad, diseñadas por el gobierno del señor Mulino y la Conep.
Se trata de reformas muy duras, que afectarían a los futuros posibles pensionados, como a los que ya están pensionados. Esto queda claro en el hecho que de acuerdo a la nota citada de La Estrella de Panamá se señala que: “para reflotar el programa de pensiones, la junta actuarial ha propuesto a la junta directiva elevar la edad de jubilación de los hombres y de las mujeres hasta los 67 años, bajar hasta un 20% el pago de las pensiones de los jubilados y aumentar el aporte de cuotas obrero – patronal hasta un 18.5% (actualmente es 13.5%, J.J) y fijar en 25 años el período de pagos de estas cuotas (actualmente son 20 años, J.J)”
Si bien el gobierno ha prometido no privatizar la CSS, lo cierto es que esto se hará de forma encubierta, ya que la cúpula empresarial busca instalar un organismo como el Siacap. En este formalmente es un organismo público. Sin embargo, las actividades de registro de las cuotas y de cálculo de las pensiones lo realiza una empresa privada (la llamada empresa pagadora – registradora). A esto se añade que dos terceras partes de la actividad de manejo y capitalización de las cuentas individuales lo realizan las empresas privadas.
Es el momento de tomar conciencia del significado del plan gobierno – Conep y de organizarse para salirle al paso, por medio de la batalla de ideas y la movilización patriótica, realizada dentro del concepto de la resistencia civil, conducida dentro del concepto de la lucha pacífica.
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