Un día el miedo llamo a la puerta. El coraje fue a abrir y no encontró a nadie.
Juan Jované
Si alguien pensó que finalmente el señor Cortizo descubrió que “el pueblo es el soberano”, o que los lamentos y lágrimas de cocodrilo de los diputados que aprobaron el contrato minero, son sinceros, simplemente se equivocó. Detrás del llamado al referéndum del 17 de diciembre existe un plan y una hoja de ruta para tratar de salvar los intereses de la transnacional.
De hecho, Minera Panamá, S, A. no arriesga mucho, sea cual fuera el resultado del referéndum. En caso poco probable que el gobierno lo ganara, simplemente el contrato minero quedaría en firme. En caso que lo perdiera, esta empresa intentaría llevar al país a un arbitraje foráneo con criterios mercantilistas, alegando que se le estaría negando un derecho adquirido.
La pretensión del gobierno del señor Cortizo y de la Asamblea vende patria, es sin embargo la de ganar tiempo, con el fin de crear las condiciones para frustrar el movimiento nacional, que ha venido siendo animado principalmente por la rebeldía y militancia de la juventud panameña.
La idea del gobierno y los sectores económicamente dominantes es la de desarrollar toda una estrategia basada en atemorizar y amedrentar a amplios sectores de la población, a fin de que vote por un si al leonino contrato minero. Esto le permitiría a quienes vendieron la patria por un puñado de monedas, cumplir con el mandado por el cual cobraron.
Este plan ya viene mostrando sus primeros pasos. Es así que el gobierno ha lanzado una campaña de diez puntos, según la cual sería un desastre nacional no aceptar el contrato minero y, sobre todo, rechazar el proyecto minero – extractivista. En ese documento, por ejemplo, se propone apoyándose en el clientelismo que caracteriza la política criolla, que: “con seguridad tendrían que ser suspendidos los subsidios al tanque de gas, la beca universal o pase U, el programa 120 a los 65, el vale digital, el subsidio al metro bus, a la tarifa eléctrica, entre otros”. Se trata de chantajear a los sectores más vulnerables de la población intentando forzarlos a que acepten el nefasto contrato minero.
De hecho, existen formas muy claras de apoyar a los más vulnerables, sin tener que entregar la soberanía y la integridad de nuestro medio ambiente. Solo se debe recordar que la evasión fiscal del sector corporativo representa cerca del 11.6% del PIB (B/. 7,383.6 millones en el 2021). Por su parte, la corrupción tiene un costo anual que puede llegar al 4.0% del PIB (B/. 3,161.7 millones en el 2022).
La campaña de crear temor y confusión a la población no se agota con las acciones gubernamentales. La misma tiene un notable apoyo de los representantes de los grandes poderes económicos globales. En este momento ese apoyo se concreta en el último informe de la calificadora J. P. Morgan, la que prácticamente ha amenazado a la población panameña que si tiene éxito en sus deseos de que Panamá quede libre de minería a cielo abierto, resultará en que toda la furia del capital transnacional se desencadenará contra el país. En ese informe se asegura que las más grandes empresas financieras piensan que de rechazarse el contrato minero y asegurar una verdadera moratorio de la minería a cielo abierto, se observará un incremento significativo de que en el corto plazo Panamá pierda el llamado grado de inversión. Asegura, además, que el país ya no sería visto por ese capital como un país “favorable para los negocios”. Se trata de una posición que intenta ponernos un revolver en la nuca intentando que nos inclinemos frente a los intereses que representan las calificadoras de maras. La misma, vale la pena recordar, tuvo que pagar 13,000.0 millones de dólares de multa por haber sobrevaluado los derivados de acciones, lo cual llevó a la gran crisis financiera del 2008.
El pueblo panameño y su movilización les va a demostrar que nuestra soberanía no está a la venta. Como dijo Martin Luther King Jr.: “Un día el miedo llamo a la puerta. El coraje fue a abrir y no encontró a nadie”.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
