El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Ramiro Guerra.
Jurista, Escritor Y Cientista Político.
A propósito del proyecto de ley 163, que está dirigido a reformar la ley 51 de 2005, orgánica de la caja de seguro social, los autores y promotores de ese proyecto, con el fin de hacer aprobar dicho documento, vienen valiéndose de amenazas contra el pueblo panameño. Ejemplo de lo anterior, si no aprueban el proyecto 163, a los pensionados, se les rebajará sus pensiones, también que la economía y las finanzas tendrán una afectación grave.
Los que adversan el proyecto, son unos necios y los ataques ad homine, no paran de parte de las autoridades. La única verdad, lo que está en el proyecto y por ello va porque va.
En este escenario, ni los diputados se salvan de esa campaña de descalificación; lo aprueban o lo aprueban.
Es evidente que las cuentas individuales o el sistema de capitalización individual, según sectores del poder político y financiero, tiene que imponerse.
Poco o casi nada reparan en aceptar que este sistema de capitalización individual ha sido un fiasco. Agrava la pobreza y degrada la vida, una vez que el trabajador se acoja al retiro laboral. Así ha sido en la mayoría de los países donde se ha adoptado este sistema.
El proyecto 163, no da certeza de la cantidad que recibirá el trabajador en concepto de pensionado.
Veamos el escenario: 1. Los salarios en Panamá son bajos; 2. Un escándalo la informalidad, 3. Desempleo alto; 4.una economía que no atrae inversiones y peor, 5. pobre recaudación fiscal a pesar de que premian los directores de la DGI, en un acto plagado de inmoralidad.
La reforma planteada en el proyecto 163, es canalla. Dará curso a mayores márgenes de pobreza.
Lo que más molesta de esas reformas que los trabajadores, no han sido responsable de la crisis que atraviesa la caja de seguro social, sino las principales víctimas. Sucesivas administraciones del estado, miraron para otro lado y dejaron que la crisis se agravara.
El ejecutivo ataca a los movimientos populares, pero esto nunca han estado en la dirección del poder político. Resulta que los que crearon el desgreño, trabajan una propuesta que se traducirá en el síndrome de la molienda del trapiche. Es decir, exprimir a los trabajadores, al punto, que, deberán cargar con la crisis. Y canalla, porque son dineros de los trabajadores.
Han tratado de satanizar el sistema solidario y se valen de una retórica falsaria.
Nada de lo que viene ocurriendo, es nuevo, hacen años lo advertimos. Desde los tiempos del gobierno de Varela, hay evidencia de las intenciones del Fondo Monetario internacional (FMI) y del Banco Mundial, de imponer como salida las cuentas de ahorro individuales, que no asegura pensiones dignas. Es una verdad de a puño, con ese proyecto se elevan la brecha social en el país.
Es evidente que el gobierno, no tiene base de sustentación social, para que lo acompañe en semejante proyecto anti pueblo y antidemocrático.
Ese proyecto da cuenta de una alianza a ultranza de la vieja oligarquía, que se cree muy poderosa, porque se sienten que son parte del poder político.
En esta coyuntura, no será la primera vez, que la derecha, la oligarquía, sus organizaciones empresariales, recurrirán a la violencia de estado, para imponer tal adefesio jurídico.
En este escenario del conflicto abierto y frontal, generado por un empecinamiento grotesco de imponer las reformas antipueblo, la crisis tenderá agudizarse. Veremos las inversiones a retroceder dado el clima de incertidumbre.
Estas realidades ocurren, cuando al país se le maneja como negocio para hacerse de grandes ganancias.
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