El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Dr. Manuel María García Castellón García Lomas, Juez de la Audiencia Nacional de España que condenó a FCC por las coimas en Panamá.
Existe un viejo adagio popular que dice que; “quien no tiene padre en su casa, lo encuentra en la calle”. Para referirse al hecho que, si no hay transferencia de valores, de la honestidad y la disciplina en el hogar, tarde o temprano en el mundo, encontrará en forma deshonrosa, la satisfacción de la enseñanza de la cual ha tenido falta.
Eso, penosamente; es lo que parece que nos está sucediendo a los panameños que, ante la ausencia de investigaciones prolijas y profundas de los hechos delictuales de gran envergadura contra la administración pública y contra el atraco criminal al patrimonio público, y la consiguiente y proverbial carencia de justicia juzgadora y condenatoria del inmenso latrocinio que ocurrió en nuestro país en la última década y media, en otras latitudes, para nuestra vergüenza y deshonra de nuestro sistema judicial, las instancias judiciales se han levantado y han condenado a quienes entregaron multimillonarias sumas de dinero en la figura de coimas, de obras que se realizaron con préstamos internacionales que todos tenemos que pagar a “coimeros” locales que vilmente se han embolsado muchos recursos que ahora nos hace falta para que miles de panameños, no estén pasando hambre, como en efecto está sucediendo y no muera la CSS.
El Juez de la Audiencia Nacional de España, Dr. Manuel María García Castellón García Lomas, un juez sumamente reservado pero con carácter, no responde al perfil de lo que se ha venido conociendo como un “juez estrella” que le guste estar en los medios. De hecho, siempre que ha tenido ocasión, ha declarado que le horroriza y le espanta salir en los papeles: “Un juez debe realizar su trabajo sin tener que ser noticia permanente”, es lo que sostiene este Juez.
Este destacado Juez de la Audiencia Nacional de España ha condenó, hace cuatro años atrás, a la Empresa española FCC, de propiedad ahora del mexicano Carlos Slim, por haber surgido de la investigación de la fiscalía ibérica, las pruebas suficientes que confirman el pago de alrededor de 100 millones de dólares de parte de FCC a representantes del gobierno panameño, en 2012, como parte de las coimas para poder tener acceso a la adjudicación de los contratos multimillonarios de la construcción del Metro Uno de Panamá, y la ciudad hospitalaria, que hoy después de 15 años, está a medio construir y en estado ruinoso algunas partes. Estas empresas, para pagar dichas coimas, ninguna sacó de sus haberes para pagar, sino que abultaron los precios, y transfirieron dichos costos al pueblo que le toca pagar dichos préstamos y desde ya pagan con la desprotección y las carencias que les persiguen sin piedad.
Todo esto ocurre en el extranjero, porque aquí en Panamá, la justicia solo opera para delitos de bagatela, pues los autores del latrocinio más grande que conoce nuestra historia, todos están muertos de la risa, confirmando la característica esencialmente venal de nuestra Función Judicial.
Es muy penoso para las personas decentes que vivimos en el país, que allende de nuestro territorio se procesen los casos judiciales que mandatoriamente, le corresponde a nuestra jurisdicción, que solo se alegra por el papel de encubridora de los delitos que, mantienen en estado de postración, angustia y perplejidad a los panameños, que vemos con vergüenza infinita, como se zarandea nuestro honor, dignidad y decoro desde el extranjero.
Da mucha vergüenza que, no teniendo justicia el pueblo en su propio territorio, sean tribunales y jueces extraños los que condenen a los trúhanes que nos han hurtado, no solo los bienes materiales, sino también nuestro decoro. Parece que cada vez más, tendremos sentencias extranjeras, a qué referirnos, porque las propias nos han dejado esperando.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros y permita que, más temprano que tarde, sea restablecida la función judicial y sean juzgados todos los responsables de semejante latrocinio y devuelvan al pueblo, todo lo que se hurtaron gravosamente desde las instancias del poder público, al que el pueblo les dio acceso y su confianza que, fue salvajemente traicionada y que paguen con sus huesos, el daño que le infirieron a los más humildes panameños que hoy sufren carencias dramáticas, en virtud de que le quitaron en esa oportunidad, lo que les correspondía en justicia.
¡Así de sencilla es la cosa!
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