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Enfrentando a un insolente coronel norteamericano

Rafael Murgas Torrazza 
A poco tiempo de la partida definitiva del general Torrijos, el suscrito era asesor legal de Arrendamientos en el Ministerio de Vivienda. Recibí una voluminosa documentación referente al inventario de los primeros bienes revertidos por Estados Unidos en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. Al no tener instrucciones sugerí crear una infraestructura administrativa que a la postre terminó convirtiéndose en la Dirección del Área del Canal. Me correspondió recibir las primeras viviendas revertidas a la jurisdicción nacional y en las interioridades de ese proceso ocurrieron sucesos que son dignos para contar.
Dado que la soldadesca y administrativos yanquis seguían en Panamá en un retiro programado, optaron por arrendar viviendas con administradores y propietarios de inmuebles en el sector privado estableciendo estos condiciones leoninas y en franca violación de lo pactado. Fue tal el abuso que el Gobierno norteamericano solicitó arrendar directamente las viviendas que retornaron a la administración del Gobierno. Se integró una comisión con civiles y administrativos norteamericanos para atender el asunto.
Por el Ministerio de Vivienda se comisionó al viceministro Álvaro Arosemena, Hernán Botello y al suscrito. La comisión se reunía en un local cercano al teatro Balboa. La delegación de los Estados Unidos planteó la necesidad de arrendar cerca de 200 viviendas revertidas, por tres años y que el canon de arrendamiento se pagaría al final de la contratación. Además, fueron selectivos en escoger las mejores viviendas. Los panameños rechazamos de inmediato la propuesta y exigimos pago total y por adelantado. Las viviendas se escogerían sin criterio selectivo. Este desencuentro suspendió la discusión por un tiempo.
En una de esas reuniones tirantes, súbitamente entró en el recinto un coronel norteamericano notoriamente sudado, luciendo pantalones cortos, con suéter y con una raqueta de tenis en la mano. Sin pedir permiso y con la típica insolencia de un militar colonial lanzó una seria advertencia: “Acepten nuestras peticiones o arreglaré este asunto directamente con el general Noriega”. De inmediato el viceministro Arosemena, con firmeza, expresó que la delegación panameña rendía cuentas al presidente de la República y no a los militares. Yo, que no salía de mi asombro, disgusto e indignación, busqué, en segundos, argumentos para defender los fueros soberanos. Sin consultar al viceministro, me levanté, camine hacia el militar y en voz alta le dije a rajatabla: “Abandone el recinto, que usted es un intruso, ya que como militar no puede entrar sin la contraparte panameña que es el coronel Armando Contreras o al que él designe”. Lo dicho era lo que procedía conforme a la misión de la Junta Combinada. El destemplado militar se retiró profiriendo insultos y anunciando la inminente intervención directa del general Noriega. El general, que supiera, nunca intervino y las conversaciones entraron en otro ciclo de suspensión.
La comisión del MIVI (Arosemena, Botello y Murgas) fue convocada al Palacio de las Garzas y allí estuvo presente el coronel Armando Contreras. El presidente Jorge Illueca, víctima de bala en las jornadas de 1947 cuando el pueblo rechazó el convenio Filós-Hines, hizo un repaso de las relaciones de Panamá con los norteamericanos. Al final de su lúcida intervención nos felicitó y aseguró que el atrevido militar había actuado al margen de los procedimientos de la Junta Combinada. Finalmente, las viviendas se arrendaron conforme a las condiciones de la representación nacional. Ante esa derrota de mesa, no faltaron norteamericanos que al desocupar las viviendas, rellenaron las tuberías sanitarias con cemento como gesto abusivo ante el inevitable rescate de los inmuebles.
No debe regatearse que la presencia del presidente Jorge Illueca fue vital para el cumplimiento de los tratados. Su verticalidad y su autoridad moral fueron respetadas por los militares y demás grupos de presión. Basta recordar que la derecha presionó para que se prorrogara la presencia de la Escuela de las Américas. Pero el aberrante sitio de tortura fue cerrado en 1984.
Cito, solamente como un contrasentido, el hecho de que luego se me negara el derecho a arrendar una de las viviendas revertidas. Y como otra paradoja del destino, durante el gobierno de Guillermo Endara, las autoridades del Ministerio de Vivienda encontraron la mejor manera de empezar al despedirme como Defensor Público de Arrendamientos sin razón alguna. Esto lo cuento, tras largos años de espera, porque el que no conoce la historia, toda la vida será un niño, como dijera Marco Tulio Cicerón.
El autor es magistrado de Trabajo.
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