El Caso De Etesa Y El Monto De Supuestas Prestaciones A Pagar A Altos Empleadores Y En Particular Al Gerente De Etesa.
Por Ramiro Guerra
Jurista, escritor y cientista político.
Como abogado y litigante por décadas en materia laboral, siempre he abogado, cuando existe el derecho, que se honren y paguen las prestaciones laborales y la indemnización a los trabajadores.
Mi experiencia en 50 años en estos menesteres de conflictos laborales, la regla de la terminación de la relación de trabajo, es que, por lo general, la iniciativa la toma el empleador, que quiere prescindir de un trabajador. Pocas veces la solicitud la hace el trabajador.
En el caso de Etesa, resulta que son los empleados de confianza que han solicitado la terminación de la relación de trabajo y en particular la del gerente general, el ingeniero Mosquera.
En el caso del gerente, según informes hecho público, él mismo solicitó la terminación de la relación de trabajo, mediante un mutuo, ante la junta directiva de Etesa.
Según comunicado de la empresa, la causa motivadora del mutuo, fue que el gerente tenía que hacerse una intervención quirúrgica. La junta directiva de Etesa, según el comunicado dado a conocer por la administración de Etesa, emitió acta de reunión, donde se accedió a la firma del mutuo y al pago de una cantidad sumamente grande en concepto de prestaciones e indemnizaciones.
Sin embargo, un abogado ducho en la materia laboral, procura establecer el marco circunstancial en que se dio esa operación.
El gerente general de Etesa, fue nombrado políticamente por el presidente Laurentino Cortizo, por un período de cinco años.
Cuando hay cambio de gobierno, éste procede a nombrar a otro gerente general e igual quienes integrarán la junta directiva de Etesa. A menos que el nuevo gobierno, es decir el presidente, prorrogue en el cargo por otros cinco años.
Lo anterior lo saben todos los empleados designados por el gobierno. Tienen conocimiento de que su gestión termina con el período del gobierno que lo designó. La Junta directiva de ETESA tiene por su parte. «la responsabilidad primaria de fiscalizar que se cumplan las leyes, reglamentaciones y el código de ética empresarial”
Jurídicamente el presidente electo, tiene razón, cuando le señala al contralor que se abstenga de dar el refrendo para el pago de 249.000 dólares, en concepto de pago por prestaciones laborales e indemnizaciones.
Es evidente que el sr. Mosquera, su permanencia en el cargo finiquita el mismo día en que toma posesión el nuevo gobierno.
Lo que llama la atención, es que Carlos Mosquera, teniendo conocimiento de lo anterior, se adelanta en el tiempo, es decir cuando llevaba en el cargo más de cuatro años con 5 meses, decide presentar la solicitud de terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento.
He aquí una diferencia grande, en el sentido de que el primero de julio lo más seguro que tendría que dejar el cargo y si así fuese, no tendría derecho a indemnización alguna. Es aquí donde algo jurídicamente no cuadra.
Es evidente, que estamos frente a lo que denominamos Fraude en derecho, con las consecuencias de un grave perjuicio a los dineros del estado.
La excusa de una intervención quirúrgica, no tiene peso. Bien hubiera esperado hacerse acreedor a una incapacidad por enfermedad no profesional o renunciar.
Está claro la intención del mutuo, es decir hacerse acreedor de suma de dinero al cual no tendría derecho de mantenerse en el puesto hasta por años en que fue nombrado.
Es muy grave la actuación de los miembros de la junta directiva que aprobaron la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento. Actuaron cándidamente o sencillamente fueron sorprendidos en su buena fe.
Lo anterior no los exime, en que incurrieron en un delito probable de peculado en vía de cómplices.
Con relación a los otros empleados de confianza, a cargo de direcciones en Etesa, que casualidad, el mutuo se lo firma el ing. Carlos Mosquera. Todos motivados por la misma circunstancia.
Después del primero de julio, su período finiquitaba, a menos que el nuevo gerente los nombrará o prorrogará su contrato. Todos solicitaron el mutuo consentimiento y no esperaron el primero de julio de 2024, fecha en asciende el nuevo gobierno.
No se requiere mucho material argumentativo para concluir que estamos en una situación generada en Fraude en derecho.
Me imagino que este affaire Etesa y el pago de sumas inmensas en pago de prestaciones, llegará a los tribunales de trabajo.
Tocará al procurador de la administración, por solicitud del ejecutivo, defender los recursos y dineros del estado.
Ramiro Guerra
Asesor jurídico del Sitiepa
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