«Está equivocado el presidente Mulino», sostiene diputado de la Asamblea Nacional

El presidente José Raúl Mulino, jefe del Órgano Ejecutivo de Panamá, acaba de decir que el que no tenga una propuesta que además sustente, tiene que aprobar la que trajo el ejecutivo. Y eso no es así sostiene el diputado que pidió la reserva de su nombre para no ser objeto de las acciones de represión del Ejecutivo que lo afectarían en lo personal y al circuito que representa, solo por decir lo que él siente.

Sostuvo que “El diputado tiene derecho y potestad de emitir un voto en base a lo que considere conveniente para el país, en este tema de la reforma de la CSS o en cualquier otro tema de relevancia, no está obligado a tener una propuesta para poder votar en contra o a favor de algo, lo que sí debe requerir es estar claro y convencido de la decisión que está tomando, si no lo está, no debe apoyar eso” y este es uno de esos casos.

Lo que plantea el presidente Mulino es una contradicción al principio de independencia de ese órgano del estado y a la razón y esencia por la cual existe una asamblea en un estado de derecho y un sistema democrático, de la cual, tanto hacen mención.

El Ejecutivo está utilizando diversos mecanismos de presión para forzar la aprobación de la propuesta elaborada por Dino Mon, quien representa a los sectores empresariales y ahora está al frente de la CSS. El principal objetivo de esta propuesta es trasladar las reservas de la CSS que ascienden a más de diez mil millones de dólares en la actualidad y dárselos en administración a administradoras de fondos de pensión privadas, lo que sería un gran negocio para esas empresas pero no necesariamente para los asegurados y pensionados, que son los dueños de ese importante capital que debiera servir para dinamizar la economía nacional y lograr buenos rendimientos a la CSS, terminó sosteniendo el miembro de la Asamblea.

El Ejecutivo, por más esfuerzo que se ha empeñado en lograr una mayoría, no lo logra, porque los diputados saben el costo político que tendría imponerle al pueblo una legislación que no cuenta con el respaldo popular.