El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: Arturo Garrido
El Reportero del Agro – 2 de abril de 2025
Con un decreto inesperado y sin consultas previas, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció la imposición de un arancel del 10% sobre todas las exportaciones provenientes de Panamá. La medida, calificada como «recíproca y necesaria» por el mandatario estadounidense, representa un golpe directo a la columna vertebral del intercambio bilateral: el Tratado de Promoción Comercial (TPC), firmado en 2007 y vigente desde 2012.
Según datos oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en 2024 Panamá exportó a EE.UU. un total de 264.6 millones de dólares, siendo los rubros más afectados los productos del mar, azúcares, confites y manufacturas de piedra y cemento. El 95% de estas exportaciones estaban amparadas bajo el TPC, lo que garantizaba su libre ingreso al mercado estadounidense.
La presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Bianca Morán, no tardó en reaccionar: “Esta acción de Estados Unidos podría interpretarse como una ruptura unilateral de un acuerdo internacional vinculante. Panamá debe exigir respeto al marco jurídico y activar los mecanismos de solución de controversias”.
Desde el sector jurídico, expertos constitucionalistas y en derecho internacional advierten que esta medida podría representar una violación directa de los compromisos suscritos en el TPC. El artículo 22.2 del acuerdo establece que “ninguna Parte adoptará ni mantendrá aranceles aduaneros sobre bienes originarios de la otra Parte, salvo lo establecido en el presente tratado”.
El impacto económico inmediato ya se siente entre los exportadores. Productores de camarón y pescado de Chiriquí, empresarios azucareros de Coclé y fabricantes de cemento en Colón advierten que la imposición del arancel provocará cancelaciones de pedidos, renegociaciones a la baja y pérdidas incalculables de empleo en zonas rurales. “No es solo un tema económico: es un tema de soberanía comercial. Trump está atacando el corazón del comercio justo”, declaró el empresario Pedro Alemán desde Santiago.
El gobierno panameño aún no ha emitido una respuesta oficial. Sin embargo, fuentes cercanas a la Cancillería confirmaron que se evalúa activar el procedimiento de reclamación bilateral previsto en el Capítulo 20 del TPC y que se solicitará una reunión urgente con la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR).
Analistas consultados señalan que esta medida podría formar parte de una estrategia más amplia de presión sobre Panamá, posiblemente relacionada con el control estratégico del Canal, las tensiones por políticas de inversión extranjera o por represalias frente a posicionamientos multilaterales del país.
En la Asamblea Nacional, la diputada Ana Paula Castrellón solicitó al Ejecutivo emitir una protesta formal ante la OMC y convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. “No podemos permitir que se pisotee nuestra soberanía económica. Es momento de repensar nuestras relaciones comerciales y apostar por una integración regional que nos proteja del chantaje económico extranjero”, declaró.
El silencio del Ejecutivo contrasta con el clamor del sector agroexportador, que exige claridad, firmeza y acción inmediata. La historia juzgará si Panamá defiende sus tratados con dignidad o cede una vez más ante la presión de una potencia que parece olvidar que el respeto al derecho internacional no es optativo.
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