El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
El presidente Guillermo Lasso disolvió a la Asamblea Nacional y con ello se convocará a nuevas elecciones.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) señaló que la decisión del mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional «no es constitucional».
En entrevista con RT, el exmandatario detalló que Lasso argumentó «grave crisis política y conmoción interna», amparándose en el artículo 148 de la Constitución, no obstante, esa situación «no existe» actualmente en el país suramericano.
Por tanto, Correa consideró que «Lasso está rompiendo la Constitución»; sin embargo, señaló que lo positivo de la medida es que lleva a nuevas elecciones, puesto que según el mismo artículo de la carta magna, se deben convocar comicios legislativos y presidenciales.
«Yo creo que es la mejor solución, que se pueda elegir un nuevo gobierno […] es una válvula de escape para la grave crisis que tenemos», enfatizó.
Actualmente, el correísmo es la principal fuerza política del país, luego del triunfo en los comicios seccionales celebrados el pasado 5 de febrero. En esas elecciones, la Revolución Ciudadana ganó al menos 59 puestos de los 244 que estuvieron en disputa a nivel de prefecturas provinciales y alcaldías.
El oficialista Movimiento Creando Oportunidades (CREO), quedó en quinto lugar en cuanto a autoridades electas en esos comicios, al conseguir solo 25 autoridades, todas a nivel de alcaldías, puesto que no hay prefectos electos por esta agrupación. Por encima de ese partido quedaron el indigenista Pachakitik (34 autoridades), el Partido Social Cristiano (con 30) y el Partido Sociedad Unida Más Acción (con 26).
«Somos de lejos el movimiento más importante y con la ayuda de Dios y el pueblo ecuatoriano, y jamás confiándonos, siempre trabajando como si no tuviéramos un solo voto, vamos a ganar las próximas elecciones», recalcó Correa.
Decisión de la Corte Constitucional
El mandatario ecuatoriano emitió el decreto cuando en la Asamblea Nacional se llevaba a cabo un juicio político en su contra, acusado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).
Correa explicó que aún no está definido el escenario tras la emisión del decreto, debido a que hay sectores políticos en la Asamblea Nacional que ya anunciaron la presentación de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la medida.
Señaló que «de ganar esas acciones» se derogaría el decreto de Lasso» y se continuaría con el juicio político en su contra en el Congreso.
Pero, de continuar válida la decisión de Lasso, el mandatario tiene seis meses para gobernar por decretos, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
De hecho, tras el Decreto Ejecutivo 741 sobre la muerte cruzada, Lasso también dio a conocer el 742, sobre la «Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar», con reformas en materia tributaria, que será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.
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