Lasemana que acaba de pasar, dio cuenta de un hecho inédito en la política panameña. Tres ministros de Estado, es decir, casi un cuarto del gabinete, compuesto por el Ministro de Comercio e Industrias, el Ministro de Ambiente, el de la presidencia y Secretario del Consejo de Gabinete, dieron a conocer sendas resoluciones y cuyo contenido era similar y se refería a: “Que ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en que sea parte el Estado por conducto del Ministerio de la Presidencia, de Comercio e Industrias y de Ambiente”
Los tres ministros, Orillac, Moltó y Navarro, suscribieron tal documentación, violatoria de la legalidad y de la Constitución Nacional y agrede de manera funesta el derecho de acceso a la información pública, así como intenta encubrir con un manto oscuro y tenebroso, en forma deliberada, las negociaciones y los procesos de arbitraje que interpuso la empresa minera First Quantum Minerals Ltd. cuya subsidiaria en Panamá es Minera Cobre Panamá y que tuvieron desarrollando la minería a cielo abierto por más de 5 años y 10 meses sin que los ampara ninguna norma jurídica y por lo cual sus actividades eran absolutamente ilegales y en la que en su trayecto se apropiaron de miles de millones de dólares de oro, cobre, plata y otros minerales de alto valor económico y de los cuales la república de Panamá solo recibió los daños y el criminal atraco a su patrimonio.
Es difícil poder imaginar que, lo lejos que han llegado los ministros en su conjunto, ha sido un acto autónomo y sin una instrucción superior clara al respecto, y aunque el presidente ordenó posteriormente revocar tales resoluciones y su no publicación en Gaceta Oficial y hace ver que fue sorprendido, el daño a su credibilidad ya está hecho, porque en medio del inicio del debate de la CSS, resulta que tal postura es consecuente y coherente con la disposición que el mismo presidente ha presentado respecto al diálogo por la CSS en la que ha expresado una ordenanza en cuanto a que ese diálogo será prohibido conocerlo a la ciudadanía y a los dueños del seguro social que son los asegurados, por lo que no se permitirá publicitarlo por ningún medio, copiando como era en el pasado de la antigua Grecia, la reunión de los alquimios.
La credibilidad es una virtud que, solo puede sostenerse con actos consecuentes y permanentes que expresen coherencia, es decir, no se trata de una conducta ocasional o una consigna política del momento.
Si el presidente quiere recuperar su credibilidad, les toca a los ministros asumir su responsabilidad y el costo político en este supuesto acto con despropósito en que sorprendieron al presidente de la república y por tanto corresponde presentar de inmediato sus renuncias irrevocables a la responsabilidad que se les asignó tan solo dos meses y quince días atrás.
Si ello no ocurriese, se generará una suerte de deterioro prematuro de la gobernabilidad en el país que, merma toda posibilidad de generar acuerdos políticos que puedan dar fundamento a una paz social, a la deseada estabilidad política y al fortalecimiento de un régimen democrático.