Por: José Dídimo Escobar Samaniego
Con el aval de la Autoridad de los Servicios Públicos, organismo “regulador” de los servicios públicos, las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, han logrado incrementar el precio de la energía eléctrica, adicional a los aumentos que llevamos consecutivos los últimos dos años, a pesar de las copiosas lluvias en el país, que generan casi el 70% de la energía que consumimos, a un costo no mayor a 2.5 centésimos el kilovatio hora, que luego se nos factura por encima de los 20 centésimos, generando una ganancia espectacular a estas empresas que terminan de enviar esos dinero a sus empresas madres, lo cual nos convierte en medio de la crisis económica que vivimos, en exportadores netos de capital, lo cual es un hecho inadmisible como perverso a nuestra economía.El Año 2022 nos recibe con un aumento criminal e injustificado de la energía eléctrica.
Estas empresas, están demostrando no tener el más mínimo sentido de responsabilidad social porque no solo no hay cómo justificar estos aumentos consentidos por la ASEP, en un año en el que los panameños nos batíamos y nos seguimos batiendo contra la pandemia, mientras que estos señores en la comodidad del amparo de estos aumentos están haciendo su agosto con la tragedia del país.
La ASEP por su parte, se parece cada vez más, a una agencia complacida de todas las demandas de estas empresas, y en nada protegen a los que tienen que recibir la intermitencia continua del servicio en muchos casos y en todos, un encarecido servicio público que debe ser devuelto al Estado tal como estaba antes de la privatización, mismo que ha terminado en un asalto a las arcas nacionales.
En este aumento inmediato que nos recibirá en 2022, el estado, es decir el patrimonio de todos, ha asignado para incrementar las ganancias de estas empresas, la suma de 41 millones como subsidio directo, además del incremento de la factura de cada cliente asaltado.
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