El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
Por: José Dídimo Escobar Samaniego
En ese medio también cuestiona duramente al gobierno panameño quien el pasado lunes 17 de enero dio a conocer que había llegado a un acuerdo con la minera acerca de la participación panameña en ese negocio.
Los informes financieros que, la empresa First Quantum Minerals Ltd., está obligada a brindar al gobierno canadiense por causa de una ley que salvaguarda los intereses de la transparencia hacia los accionistas de estas empresas, la misma reconoció que recibió en ganancias (utilidades), más de cuatro mil quinientos millones de dólares (4,500 millones), mientras que a la república de Panamá, en ese mismo periodo, solo le entregó en regalías la suma de 37 míseros millones.
Desde diciembre de 2017, al declararse por la Corte Suprema la inconstitucionalidad del contrato que servía de fundamento legal para la explotación de la concesión minera, todas la extracción que se ha hecho desde entonces, constituye fruto del delito y en un Estado de Derecho nadie puede apropiarse ilegalmente de los bienes que le pertenecen al estado panameño, pues ello conlleva la acción penal correspondiente sobre los autores y sus colaboradores y la recuperación del bien apropiado con su respectiva indemnización que deben cubrir los daños causados a la república de Panamá.
Otra información importante que sale a relucir en los datos oficiales que reposan de First Quantum en Canadá, advierten que la empresa miente cuando ha asegurado que su inversión es mayor a los seis mil millones de dólares, porque lo que consta en la información oficial entregada al organismo controlador canadiense, la misma es tan solo un poco más de 1,800 millones de dólares, que no se corresponde con la cifra que tanto se publicita en Panamá.
El gobierno nacional, tiene la obligación de designar una comisión oficial con un representante y otro de la Universidad Tecnológica sin afiliación política, para que hagan una investigación oficial ante las autoridades fiscalizadoras e impositivas de Canadá para verificar la información de rentabilidad y de inversión, que hasta la fecha el Estado panameño ha recibido de Minera Panamá. Es impostergable que el gobierno camine dentro de la legalidad con el Contrato de Minera Panamá y para ello es obligante el Contrato de Concesión, con sus reglas y aprobado por la Asamblea Nacional e incluso con la licitación internacional que se exige en estos casos.
El nuevo contrato debe tener una garantía de mitigación, reparación del daño ambiental robusta y real, garantizada con una entidad bancaria sólida.
El proyecto de Contrato, deberá ser enviado al órgano legislativo para su aprobación y se tiene información de que los tentáculos de la empresa se mueven en la dirección de hacer lobby en la Asamblea Nacional para la rápida aprobación del mismo, y para tal efecto se hacen ofrecimientos generosos para lograr ese propósito, lo cual enturbia la necesaria transparencia que debe mediar en estos hechos.
Por otra parte, en denuncia que ha aparecido en otros medios locales, el abogado ambientalista y presidente de la Asociación de Derecho Ambiental Donaldo Sousa, ha denunciado que la empresa Cobre Panamá, ha comprado además de las tierras de la concesión, violando el artículo 3 de la Constitución, más de mil hectáreas de una manera ilegal en la cual proceden así:
“Ellos inventan que alguien tiene derecho posesorio, o en caso de que alguien sí los tenga, o van a la ANATI para que las personas titulen si tienen 5 años de estar allí, y luego les quieren comprar eso al Estado y una vez que lo registran, vienen y se lo venden a la minera. Que la Minera tenga accionistas estatales de otros países –o haya tenido- viola el artículo 3 de la Constitución que dice que no se pueden ceder territorios a otros estados. Ellos pagan todo, al final le pagan cuatro reales (a los que titularon originalmente)” y así amplían privadamente los terrenos concesionados en un auténtico juego vivo que evidencia maniobras inaceptables a la luz del Estado de Derecho que debe prevalecer. Si eso se permitiera, podría darse el caso que alguna organización criminal internacional podría comprar gran parte del territorio nacional y hacerse dueños de nuestro país.
Si todo lo que denuncia la diputada Rodríguez Loo, es cierto, corresponde al estado en virtud de la prevalencia de la Ley, después de confirmada la información, proceder a suspender la actividad extractiva inmediatamente y desarrollar medidas de secuestro de todos los bienes de dicha empresa y explotar el propio estado la mina, llamar a una nueva licitación internacional o simplemente suspender toda actividad extractiva en función de la salvaguarda del interés nacional.
¡Así de sencilla es la cosa!
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