Por Arturo Garrido Alexandrópulos
El Reportero del Agro – 19 de octubre de 2024
La reciente declaración emitida por la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA) evidencia una creciente preocupación entre los sectores productivos del país por la política de importaciones adoptada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Según el comunicado, el IMA ha decidido proceder con la importación de productos lácteos y otros rubros, justo cuando se aproxima el periodo de desgravaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC), lo cual ha generado serias inquietudes sobre el impacto que esto tendrá en la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario panameño.Contradicciones que Perjudican a los Productores Nacionales
Resulta paradójico que una institución como el IMA, cuyo rol debería ser el fomento y apoyo a la producción nacional, adopte medidas que debilitan al sector productivo interno. En su comunicado, APROGALPA destaca la falta de coherencia en estas decisiones, que parecen ir en contra del espíritu de la Ley 352 de 2023 que regula la Política Agroalimentaria de Estado (PADE). Esta política, que ya existe y es Ley de la República, establece claramente la necesidad de proteger la soberanía alimentaria, fomentar la producción local y asegurar que los consumidores panameños puedan acceder a productos frescos y de calidad producidos en el país. Ningún funcionario tiene la facultad de interpretar esta ley a su conveniencia; deben cumplirla.
Importación Innecesaria: Un Golpe a la Producción Nacional*
La importación de productos que pueden ser producidos localmente plantea serias preguntas sobre la gestión eficiente y responsable de los recursos públicos. ¿Por qué el IMA, en lugar de fortalecer las cadenas de valor de productos nacionales como el arroz, cerdo, leche y pollo, decide optar por una estrategia de importación que solo beneficia a productores extranjeros? Este tipo de acciones no solo afecta a los productores, sino que debilita la competitividad y autosuficiencia del país, elementos clave para la seguridad alimentaria.
Un Llamado a la Unidad y la Defensa del Productor Nacional
APROGALPA ha hecho un llamado a la unidad entre los distintos sectores productivos, exhortando a todos los involucrados a defender la producción nacional con inteligencia, conocimiento y trabajo. Esta postura es una respuesta clara a lo que consideran una amenaza innecesaria creada por la misma administración pública, que parece priorizar el comercio exterior sobre el desarrollo de su propio sector agropecuario. Además, APROGALPA invita a los consumidores a unirse en una campaña de consumo de productos nacionales frescos, como una forma de apoyar directamente a los productores locales.
Exigencia de Transparencia y Responsabilidad en el Uso de los Recursos Públicos
La actitud del IMA de actuar como importador en lugar de promover la producción local contrasta con los principios de la PADE y crea un entorno que afecta la transparencia en el uso de los recursos públicos. Se hace necesario que el Gobierno Nacional explique las razones detrás de esta decisión y garantice que las medidas adoptadas estén alineadas con los intereses de Panamá y no con agendas externas que minan la capacidad productiva del país.
Conclusión: La Necesidad de una Política Agroalimentaria Coherente
La Política Agroalimentaria de Estado, que ya existe y es Ley de la República, debe ser un pilar para el desarrollo económico y social de Panamá, promoviendo un entorno donde la producción nacional se valore y potencie. La reciente medida del IMA de proceder con importaciones a pocos días de las desgravaciones plantea dudas legítimas sobre la coherencia de la gestión pública y la verdadera intención detrás de estas acciones. Es imperativo que las autoridades nacionales actúen con transparencia y responsabilidad, defendiendo los derechos de los contribuyentes y asegurando que la producción nacional no se vea amenazada por políticas erróneas.
Panamá debe apostar por sus productores, aquellos que día a día labran la tierra, cuidan a sus animales y se esfuerzan por ofrecer productos frescos y de calidad. Es hora de que la política pública respalde ese esfuerzo y trabaje en pro de la soberanía alimentaria, garantizando que las decisiones se tomen en beneficio de la economía nacional y no de intereses externos. La Ley 352 de 2023 es clara, y debe cumplirse sin interpretaciones arbitrarias.
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